Santo Domingo.- La procuradora fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, se mostró contraria por la decisión de la jueza Fátima Veloz, quien impuso medidas de coerción menos severas de las solicitadas por el Ministerio Público a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del Jet Set Club, acusados de homicidio involuntario por la muerte de 236 personas tras el colapso del techo del establecimiento.

La magistrada Veloz dispuso impedimento de salida del país, presentación periódica y una garantía económica de 50 millones de pesos mediante una aseguradora para cada imputado, decisión que ha generado indignación en el Ministerio Público.

“La resolución de la jueza deja un profundo sabor a injusticia”, expresó la fiscal Ramos, y aseguró que la solicitud de prisión preventiva para Antonio y arresto domiciliario para Maribel respondía al deber de representar a las víctimas: 236 fallecidos, más de 180 heridos y 130 huérfanos.

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“Esta decisión no solo hiere la memoria de quienes ya no están, sino que también pone en entredicho la esperanza de cientos de familias que claman por justicia. No puede haber paz mientras la impunidad tenga más peso que el dolor colectivo”, manifestó Ramos en sus redes sociales.

Los hermnos Espaillat, durante el jucio por la muerte de 236 personas tras el desplome del techo de la dicoteca Jet Set, acusado por el Ministerio Público de homicidio involuntario, quien sostene que no hay manera alguna de medir el valor del daño generado con el desplome por l atragedia ocurrida el 8 de abril de este año.

Por su parte, el procurador adjunto y titular de la Dirección de Persecución, Wilson Camacho, calificó como “una burla a las víctimas” el fallo judicial, y anunció que el Ministerio Público apelará las medidas impuestas.

El caso ha sido declarado complejo, lo que permitirá una investigación más amplia