Las esferas de poder de Estados Unidos han emitido sendas evaluaciones sobre el desempeño de República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico y la trata de personas, pero si el Gobierno acoge como buenos y válidos cualquiera de esos informes reconocería el derecho que Washington se ha arrogado de juzgar, premiar o condenar de manera unilateral a todas las naciones de la tierra.

En un primer informe, funcionarios del Departamento de Estado revelaron ante la Cámara de Representantes que la mayoría de las drogas que se trasiegan por la región del Caribe pasa por República Dominicana, cuestión que atribuyen a que se ha reforzado la lucha contra el narcotráfico en Centroamérica.

En un escrito con mayor formalidad, el Gobierno estadounidense reconoce que República Dominicana ha continuado los avances en el combate al crimen de trata de personas, lo que concitó el alborozo del canciller Carlos Morales Troncoso, porque hace apenas tres años que Santo Domingo estaba en lista restringida reservada a países que no hacen esfuerzos por afrontar ese mal.

De manera coincidente, la cancillería estadounidense ha emitido un informe malo y otro bueno sobre el rol dominicano en la prevención y persecución de esos crímenes de lesa humanidad, pero las autoridades dominicanas incurrirían en un gravísimo error si aceptan cualquiera de los paquetes de miel o hiel que Washington le ha enviado.

El subsecretario de Estado, Williams Brownsfiel, que dijo ante un subcomité congresual que el mayor porcentaje de la droga que transita por el Caribe pasa por República Dominicana, olvidó decir que eso se debe a que Estados Unidos virtualmente abandonó la vigilancia en ese corredor marítimo y centró sus esfuerzos en cerrar el paso al narcotráfico por Centroamérica.

La ruta de las drogas con destino a Estados Unidos se realiza ahora por el Caribe, no solo porque los gobiernos centroamericanos han arreciado el combate al narcotráfico, sino porque la zona caribeña estuvo desprotegida durante todo el tiempo que duró la guerra de Irak y aún hoy es un corredor con vigilancia deficiente por parte de los servicios de Guardacostas y de la Agencia Antidrogas (DEA).

En los últimos cuatro años, Washington destinó 468 millones de dólares en equipos y entrenamiento para combatir el narcotráfico en la región centroamericana, pero aquí el Gobierno tuvo que incurrir en financiamiento para obtener una flotilla de aviones para los mismos fines y hasta carece de radares y otros equipos para detectar trazas marítimas y terrestres del narco.

Sin importar que uno u otro informe del Departamento de Estado sea hiel o miel, República Dominicana debería sustentar como principio básico el rechazo a cualquier forma de intromisión foránea en su fuero soberano, aun disfrazados en informes lisonjeros o en ácidas críticas, máxime si el que se erige en juez del mundo carece de autoridad jurídica y calidad moral para enjuiciar a los demás.