En vez de armas de fuego o drogas, el contingente militar y personal de la Procuraduría General de la República que requisó la cárcel La Victoria descubrió que en ese recinto operaba una sofisticada prestadora de servicios de comunicación regentada por reclusos.
Ese centro de retransmisión de señal de internet se alimentaba con cables de fibra óptica que recorrían unos siete kilómetros desde el sector Sabana Perdida hasta esa penitenciaría y que ofrecía servicios de wifi a carceleros, presidiarios y a la comunidad de La Victoria.
Es una historia difícil de contar a menos que se considere a esta sociedad como el Macondo que describe García Márquez en su novela y que quien instaló esos equipos sea descendiente de Melquiades, el que deslumbró al pueblo con un imán exhibido como la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia.
¿Cómo creer que fueron privados de libertad los que diseñaron, financiaron e instalaron en esa vieja cárcel un moderno centro tecnológico dotado de fibra óptica y de decenas de cámaras de seguridad, sin el conocimiento ni concurso de ninguna autoridad?
El tecnólogo Juan Medina, editor tecnológico del programa Despierta con CDN, dijo que el equipo de fibra óptica usado por los reclusos permite que la señal de internet se expanda hasta 40 kilómetros de distancia con velocidades superiores a los 300 gigabyte por segundo.
Se requiere saber cuál habría sido el túnel secreto usado por los presidiarios para introducir e instalar en la cárcel La Victoria un servidor, un repetidor de wifi, 96 routers, 89 cámaras de vigilancia que eran operadas y controladas por un interno, 29 switches de cámaras, 508 teléfonos móviles, una laptop, dos tabletas, 9 reproductores de DVD y 35 PlayStation.
En cárceles infernales de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, en las cuales el narcotráfico opera sus oficinas centrales, privados de libertad no han podido instalar una empresa de comunicaciones tan sofisticada y que brinde servicio a carceleros, presidiarios y a la comunidad, como la desmantelada en la penitenciaria La Victoria.
La Procuraduría General está compelida a realizar una investigación a gran profundidad y extensión que permita identificar a los verdaderos accionistas de ese gran emprendimiento tecnológico a través del cual también se promovía la comisión de crímenes y delitos tecnológicos.
