Tras ocho meses de navegar en círculo, la Fiscalía del Distrito ha solicitado otros cuatro meses adicionales para intentar formalizar acusación contra supuestos asociados a los prófugos José Figueroa Agosto y Sobeida Félix Morel, a quienes al parecer se los tragó la tierra.

La magistrada Clara Luz Almonte apenas otorgó 30 días adicionales para que el Ministerio Público señale el fardo probatorio que alega tener contra imputados de fungir de testaferros de Figueroa Agosto.

El 4 de septiembre de 2009, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Fiscalía anunciaron el decomiso de 4.6 millones de dólares dentro de una yipeta en el estacionamiento de un edificio del sector La Esperilla, donde también se incautaron dos apartamentos propiedad del fugitivo.

Ese fue el prólogo de una historia sin fin de terror y fantasía, sobre la cual las autoridades no han logrado reunir pruebas o evidencias significativas, ni mucho menos dar con el paradero de los nuevos personajes de Bonnie and Clyde.

Sin poder formalizar un expediente sólido en torno al crimen de narcotráfico, la Fiscalía ha escogido el camino fácil: intentar una acusación subsidiaria, la de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, contra inculpados que penan prisión, para poder suplir clara incompetencia o falta de voluntad en tomar el toro por los cuernos.

Nada se sabe del asesinato del ex coronel José Amado González González, acribillado por sicarios el día de Nochebuena, ni de los homicidios de otras dos personas sindicadas como allegados a Figueroa Agosto.

El fiscal Alejandro Moscoso Segarra debería admitir que a ocho meses después del decomiso de los 4.6 millones de dólares, el Ministerio Público no ha podido avanzar ni un centímetro en torno a un expediente que al parecer carece de pies y cabeza.

Duele saber que ese fardo de incompetencia o carencia de voluntad se vierte sobre gente que ha sido apresada y procesada sólo para guardar las apariencias ante el drama de complicidades en una historia sin fin.