No es posible invocar conceptos de sociedad ni de ciudadanía en una nación cuya mayoría de población no cumple con las ordenanzas sobre ornato y limpieza en parques, calles y avenidas o ante el bochornoso escenario de basura e inmundicia que dejan en recintos públicos asistentes a concentraciones políticas, espectáculos artísticos o actos religiosos.

Duele decirlo pero gente de todos los estratos sociales o económicos exhibe un profundo desprecio por el ornato e higiene públicos, sin que se sepa si al interior de sus hogares expresan similar comportamiento antisocial.

Los Ayuntamientos recogen grandes cantidades de desperdicios que arrojan personas desaprensivas dentro y en los entornos de instalaciones de uso colectivo como el Centro Olímpico, Arena de Santiago, Malecón de Santo Domingo, Mirador Sur y Altos de Chavón.

La misma inconducta se escenifica en plazas, playas, balnearios y corredores ecológicos, como si la misión de esos violadores de la ley fuera la de convertir toda la República en un gran retrete o deposito de basura.

No se entiende por qué las autoridades municipales no obligan a organizadores de actividades artísticas, políticas, religiosas o de cualquier otra índole a entregar las instalaciones públicas tan limpias como las recibieron, a menos que se crea que los munícipes han sido condenados a vivir entre mugres y mugrientos.

La Policía Municipal está en deber de aplicar con todo rigor las ordenanzas municipales referidas al ornato y limpieza de la ciudad, incluido los recintos turísticos, recreativos, deportivos, históricos y académicos, antes de que los ciudadanos se ahoguen en basura y suciedad.

Para reclamar derechos, se requiere cumplir deberes y obligaciones, por lo que parece llegado el momento de impedir a toda costa que gente desaprensiva lacen desperdicio en vías y espacios públicos y para que la República no se convierta en el basurero de América.

Diario Libre

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