El escándalo mediático provocado por la publicación mentirosa de un navegante de red que divulgó mensajes calumniosos, ofensivos y difamatorios contra un grupo de connotados y reputados periodistas, no debe cerrarse con la simple e irresponsable presentación de disculpas públicas por el daño causado.

Todo partió al atribuirle en esas publicaciones, usando nombre e imagen de los ofendidos, que eran asalariados de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida por las siglas USAID, sin ninguna prueba de tal afirmación ni validación por el brazo de cooperación exterior yanqui.

Es un hecho grave, que se mantuvo como tendencia “noticiosa” por dos semanas en redes sociales y que alcanzó tal nivel de confusión deliberada por cuanto obedeció, sin dudas, a una campaña con auxilio de la tecnología que logró en ese período más de diez mil menciones negativas contra los periodistas.

Jhonny Arredel, salido del anonimato para convertirse en sicario de reputaciones en redes sociales, se atribuyó el origen de los mensajes y ahora admite que son mentiras, fabricadas por una fuente innominada, que no verificó y que todo fue producto “de la efervescencia nacionalista derivada del momento político”.

En este caso pueden configurarse ilícitos que han causado severos daños al honor, al buen nombre y a la propia imagen de los periodistas señalados y que están protegidos por el artículo constitucional 44, así como delitos de alta tecnología (ley 53-07) y transgresión a la 6132 con difamación e injuria.

Es momento del necesario sacudión moral de la comunicación pública, sobre todo la de redes sociales, para frenar, impedir y escarmentar a los que de manera alegre, en segundos, asesinan reputaciones, vierten estiércol con abuso de la libertad de expresión y se pavonean porque la impunidad y complicidad por omisión gubernamental histórica les ha favorecido. ¡Basta ya!