El Senado convirtió ayer en ley el proyecto que aplica tasa cero por seis meses a las importaciones de 67 productos de la canasta familiar, por lo que a partir de su puesta en ejecución el mercado nacional estará marcado por la preeminencia competitiva de rubros agropecuarios y agroindustriales provenientes del exterior.
Esa ley, pendiente de promulgación, que libera de arancel a un lote de artículos, entre los que figuran pollo, cerdo, carne vacuna, pastas alimenticias, habichuelas, enlatados y productos agrícolas como ajo y cebolla, procura mitigar el incremento del Índice General de Precios.
El Gobierno sostiene que la guerra entre Rusia y Ucrania ha provocado alzas significativas en los precios de los hidrocarburos y de insumos para la producción de alimentos, por lo que la eliminación del impuesto aduanal se reflejaría en reducción de costos de artículos importados.
Ningún analista en el mundo se atrevería a vaticinar que el conflicto bélico entre Moscú y Kiev concluiría en el corto plazo ni menos aún que la situación de precios y viabilidad del comercio internacional retornaría a la normalidad.
Aunque no en proporciones que desearía la población, muchos artículos básicos reducirían sus costos, si poder disipar de manera significativa el temporal inflacionario, que según los presagios arreciaría en la medida que la guerra se intensifique o se prolongue.
El Gobierno debería centrar su atención en posibles daños colaterales que ocasionen esas importaciones masivas al ensamblaje productivo nacional, especialmente a la industria avícola y al sector pecuario en general.
La ley aprobada tendría vigencia por seis meses pero no así las condiciones del mercado que permanecería abarrotado de esos productos meses después de que concluya el 2022, tiempo más que suficiente para que productores e industriales medianos y pequeños expiren asfixiados por una competencia desigual en términos de precios, cantidad y calidad.
Esa legislación debería ser objeto de una estricta supervisión en todas las partidas arancelarias que serán objeto de exoneración, pero también el Gobierno debe emprender de inmediato un programa de asistencia a productores agrícolas, pecuarios y agroindustriales que evite previsibles quiebras masivas.