Los abogados del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, denunciaron hoy que a su cliente le tienen impedido la visita de su esposa, madre e hijos, en la cárcel de Najayo, donde guarda prisión por presuntos actos de corrupción.

Al exfuncionario, la Procuraduría General de la República le imputa irregularidades por 6 mil millones de pesos, durante el ejercicio de sus funciones.

La defensa técnica de Jean Alain Rodríguez, principal imputado en el caso Medusa, argumentó que contra el encartado se han impuesto fuertes medidas de restricciones en el recinto penitenciario.

“Él tiene severas restricciones en la cárcel para ver a su familia: no ha podido ver a su esposa, su madre ni sus hijos. Solo le permiten con restricción ver a sus abogados”, dijo a El Nacional el doctor Gustavo Biaggi Pumarol, coordinador de la defensa.

El Nacional trató de comunicarse con la coordinadora del Modelo de Gestión Penitenciaria, Hilda Patricia Lagombra, pero no fue posible porque su número está restringido.

El 13 de julio de este año la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, dictó 18 meses de prisión preventiva en contra del exprocurador Jean Alain y otros tres implicados en la Operación Medusa y declaró el caso complejo.

También se impuso prisión preventiva por igual período de tiempo a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo de la Procuraduría y Javier Alejandro Forteza Ibarra, este último acusado de desaparecer informaciones privilegiada de la institución.

A Altagracia Guillén, exsubdirectora administrativa y financiera de la Procuraduría, Rafael Mercedes Marte, encargado de contabilidad y a Jenny Marte, exencargada de proyectos, la jueza les dictó arresto domiciliario. En tanto que a Miguel José Moya se le dictó libertad bajo fianza.

La magistrada fundamentó la imposición de la medida de coerción al exprocurador Jean Alain Rodríguez en la existencia de riesgo de sustraerse del proceso, debido al alto perfil de la función institucional que desempeñó.

En el caso de Javier Alejandro Forteza Ibarra, “se desprende riesgo para los medios de prueba vinculados a su expertiz de técnico de tecnologías de la información”.