El ministro de la Presidencia informó ayer que el Poder Ejecutivo someterá al Congreso en los próximos días una “ley de naturalización especial” para aquellas personas que nacieron en República Dominicana, que demuestren tener arraigo con el gentilicio nacional, aunque sorprende que ese anuncio coincida con la reunión que encabezó el funcionario en Palacio Nacional con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

No parece que el licenciado Gustavo Montalvo haya asimilado la amarga experiencia derivada del intempestivo acuerdo que rubricó en nombre del Gobierno dominicano con Haití, cuyo compromiso de privilegiar el diálogo fue violado días después por el presidente Michel Martelly, al promover en el seno del Caricom una condena contra el país por supuesta violación a los derechos humanos.

Es posible que la iniciativa congresual que anuncia ese ministro ayude de manera decisiva a despejar la humareda desatada por la sentencia del Tribunal Constitucional que fija el alcance de la nacionalidad, pero ese anuncio coincidente con un encuentro con delegados de un órgano supranacional resulta inadecuado.

Al comunicar que se promueve una ley de naturalización especial, luego de una reunión con los comisionados de la CIDH, se ofrece la impresión de que el Gobierno admite que la sentencia del juez de control constitucional, en vez de fijar alcance y reglamentar la nacionalidad dominicana, ocasiona violación a derechos, que se subsanarían por vía de una ley adjetiva.

Tampoco se entiende para qué la premura en aplicar el Reglamento de Control Migratorio, como manda la referida sentencia, si se comunica a la delegación de la CIDH que se procura una solución alterna a la ley y posiblemente colisione con ese estatuto. Es como si se quisiera reeditar el dicho aquel de que a Dios rogando…

No es posible valorar la propuesta de ley especial de naturalización que ha anunciado el ministro Montalvo, porque su contenido es todavía desconocido, pero es menester llamar la atención del Gobierno en torno a su evidente indecisión en aplicar o no los términos de la sentencia del Tribunal Constitucional.

La mayoría de la población ha hecho suya el planteamiento del presidente Danilo Medina de ejecutar una resolución irrevocable con absoluto respeto a los derechos de los ciudadanos que resulten afectados y con el compromiso de colocar a esas personas en consonancia con la ley, pero es menester que se guarden las apariencias con respecto a la obligación del Gobierno de defender una prerrogativa constitucional y soberana de reglamentar la nacionalidad y de imponer control migratorio.

El excesivo protagonismo del ministro Montalvo expresado en un conjunto de acciones y propuestas en torno a la delicada situación jurídica, política y social derivada de la sentencia del Tribunal Constitucional parece comprometer al Gobierno en su conjunto en un tipo de abordaje que en vez de despejar hace más densa la humareda.