No está lejos de la realidad el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que atribuye a la impunidad y a la falta de liderazgo del Ministerio Público el auge del narcotráfico en República Dominicana.

La intensidad y expansión del tráfico de drogas y delitos conexos parecen conectadas con elevados niveles de padrinazgo e influencia que tiene el narco en anaqueles de poder.

El informe del PNUD sostiene que la debilidad de la investigación penal y el hecho de que la Policía no ha podido adecuarse a la nueva normativa procesal son factores que también inciden en el incremento del narcotráfico.

Aunque ese estudio identifica la desigualdad social, exclusión y marginalidad como factores básicos en el auge de la delincuencia, no hay dudas de que impunidad y negligencia agravan de manera significativa el estado de inseguridad que agobia a la ciudadanía.

Ya no es posible culpar en forma exclusiva al Código Procesal Penal por el auge del narcotráfico, asesinatos por encargo, robo agravado, atracos, asaltos y violaciones, porque a la vista está la incapacidad o carencia de voluntad del Ministerio Público y Justicia para frenar esos flagelos.

Los expedientes de la Fiscalía sobre los casos más sonados de narcotráfico y lavado de dinero parecen confeccionados con los pies, lo que obliga a sospechar sobre algún oculto interés para que esas acusaciones se invaliden en los tribunales o para que justos paguen por pecadores.

Sin negar que desigualdad y exclusión social constituyen factores que generan delincuencia, como afirma el Informe del PNUD, hay que resaltar lo señalado en ese estudio de que el auge del narcotráfico va de manos con la impunidad.

La impunidad que refiere el PNUD acentúa la sospecha de que en los expedientes sobre drogas no están todos los que son ni son todos los que están.