La impuntualidad de algunos imputados en libertad, del caso Coral, retrasó hoy la audiencia para dar continuidad a la presentación de la acusación por parte del Ministerio Público contra los imputados del proceso que encabeza el general Adán Cáceres Silvestre.
A las 9:30 de la mañana no había llegado algunos imputados y sus abogados, por lo que la jueza, Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ordenó un receso.
“La falta no es de los privados de libertad ni de los que están en sus casas con arresto domiciliario, la tardanza viene de los imputados que están en libertad”, explicó la magistrada.
Dijo que las 3 mil hojas que hay que leer, hasta este momento, solo van 1,600, lo que se ha leído ha tomado un mes y medio.
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La juzgadora dijo que está dispuesta a sacrificarse, pero que hay que avanzar con el proceso, ya que es un expediente muy amplio.
“Yo voy ampliar la cantidad de horas de trabajo. Ustedes deciden si extendemos el horario de trabajo hasta las 8:30 o 9:00 de la noche, o si se agregue otro día”, concluyó la juzgadora.
El Ministerio Público ha presentado más de 725 pruebas documentales y ha ofertado más de 458 testigos y más de 400 pruebas periciales en la acusación que señala al exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Cáceres como el principal cabecilla.
En esta fase preliminar el tribunal decidirá quienes del caso Coral van a juicio de fondo o cuales serán beneficiados con un no ha lugar.
Al exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Cáceres, se le levantó la prisión preventiva por arresto domiciliario.
El coronel Rafael Núñez de Aza, la pastora Rossy Guzmán y su hijo Tanner Flete también salieron de la cárcel tras cumplir con el pago de una fianza y están en arresto domiciliario.
Al coronel Núñez de Aza se le impuso una garantía económica de 100 millones de pesos, al igual que a Cáceres, mientras a la pastora y su hijo fue de 50 millones de pesos.
La audiencia preliminar de los casos Coral y Coral 5G, en la que el Ministerio Público imputa a 48 personas físicas y jurídicas de cargos de lavado de activos y corrupción contra el Estado dominicano, el órgano ha dicho que estos estafaron con más de 4,000 millones de pesos.
