Los imputados del caso Calamar cuando eran conducidos a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Foto por: José Francisco
La gravedad de los hechos imputados en el caso Calamar podría conllevar pena, en un juicio de fondo, de hasta 20 años, según plantea el Ministerio Público al juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El tipo penal de lavado de activos que le atribuye la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca) a la alegada red establece pena de hasta 20 años.
La Pepca detalla que los encartados utilizaron importantes instituciones del Estado como: el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar, la Dirección General de Catastro Nacional, la Dirección General de Presupuesto y el Banco de Reservas como espacios operativos de la estructura criminal creada con el objetivo de estafar, desfalcar al Estado dominicano y tenerlo como un rehén de la corrupción.
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En ese sentido, añade que los imputados aprovecharon los conocimientos que tenían sobre el manejo de la administración pública para violentar sus procedimientos y cometer ilícitos penales al estafar y desfalcar al Estado dominicano, identificaban bienes que habían sido declarados de utilidad pública y a cuyos dueños no se les había realizado el pago del justo precio, logrando que el Estado erogara fondos en base a maniobras fraudulentas, fondos que retornaban y se traducían en grandes beneficios económicos para los funcionarios Públicos y particulares que formaban parte de la referida organización criminal.
Señala que crearon un esquema que incluía la participación de profesionales en ejercicio privado que tenían la función de tramitar los procesos judiciales y administrativos de determinación de herederos irregulares, obtención de duplicados de títulos, constancias anotadas, determinación de justo precio y avalúo en tiempo récord, a fin de crear las condiciones para obtener ganancias Ilícitas y que simularon deudas basándose en la gestión del pago ante los propios funcionarios que formaban parte del entramado corrupto, sin ningún soporte.
Acopio
Según la Pepca, el entramado de corrupción contó con la complicidad de varios funcionarios del banco estatal, Banco de Reservas, entre ellos contaba con la coalición y participación directa del Contralor del Banco de Reservas, el imputado Andrés Guerrero, quien les permitió utilizar de manera recurrente la sucursal del Banco de Reservas identificada como “El Centro de Acopio del Banco de Reservas” de la sucursal de la avenida Jiménez Moya, para retirar los fondos de las cuentas de las empresas Axionova Group, S.R.L., BXT Dominicana, S.R.L., Prominex Multiservicios, S.R.L. y Rediux Consulting, S.R.L.
Cada vez que salía un libramiento y los montos estaban disponibles en el Banco de Reservas, se apersonaba el chofer de Ramón Emilio Jiménez a la avenida Jiménez Moya, esquina Juan Ventura Simó, en el Centro de Los Héroes.
Distribución
El Ministerio Público sostiene que la estructura no gubernamental obtuvo como ganancia de proyecto ilícito lo siguiente : “A Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo) le tocaba entre ocho y once millones de pesos (DOP 11,000,000.00) aproximadamente.
En tanto que a Fernando Crisóstomo y a José Arturo Ureña les correspondía mensualmente la suma que oscilaba entre un millón de pesos (DOP 1,000,000.00) un millón setecientos mil pesos (DOP 1,700,000.00).
Coerción el domingo
