La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) investiga    para determinar si la red  Calamar  está vinculada a paraísos fiscales, dice el Ministerio Público en su solicitud de medida de coerción.

El número de imputados involucrados, que hasta el momento asciende a veintidós, pone en relieve la necesidad de desplegar una amplia actividad investigativa que, razonablemente implicará la recogida de evidencias e información no sólo en gran parte del territorio nacional, sino también en paraísos fiscales a nivel internacional, explica la Pepca.

El órgano acusador sostiene  que dicho entramado utilizó la Dirección de Casinos y Juegos de Azar para realizar cobros ilegales a los dueños de consorcios de bancas, los cuales fueron realizados al margen de la institución, por personas asociadas al entramado.

Coacción Operación Calamar

De acuerdo al Ministerio Público,  los encartados coaccionaban a través del Departamento de Fiscalización de la de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, cerrando  los establecimientos comerciales relativos a bancas de loterías y deportivas que no realizaban el pago ilegal requerido, del cual los funcionarios encargados recibían sobornos.

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Detalla el órgano acusador que la red fomentó la instalación de máquinas tragamonedas en los colmados, a sabiendas de su ilicitud y del daño que causa, sobre todo en niños, adolescentes y jóvenes de sectores humildes, todo a cambio de obtener una mensualidad que era cobrada al estilo de la mafia.

Tragamonedas

“Durante el período transcurrido que duró la estructura, la instalación de máquinas tragamonedas creció de manera exponencial especial. La estructura criminal compuesta por los funcionarios públicos investigados, utilizaron como sustento los contratos que tenían las empresas del ingeniero Bolívar Ventura Rodríguez con la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)”, establece el Ministerio Público.

Tipos penales

La Pepca afirma que  los imputados del  entramado encabezado por los tres exministro en  la administración del expresidente Danilo Medina,  incurrieron  en los tipos penales de coalición de funcionarios, soborno, asociación de malhechores, desfalco, estafa contra el Estado dominicano, el tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, prevaricación, financiamiento ilícito de campaña, lavado de activos, entre otros.

Refiere  el órgano persecutor del Ministerio Público que la estructura organizada  para materializar estos hechos realizó pagos  millonarios de sobornos a los funcionarios públicos imputados, por medio de los cuales estos lograron enriquecerse ilícitamente y adquirir bienes, blanqueando de capital ilícito.

Explica que  el presente caso reúne todas las características de un caso complejo, pues se trata de una red criminal, organizada, que operaba desde el Ministerio de Hacienda e influyó de manera directa en otras instituciones públicas, tales como la Dirección General de Bienes Nacionales, Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y el Instituto Agrario Dominicano (IAD), con la complicidad de la Controlaría General de la República y la institución bancaria estatal.

Este domingo

La jueza  Kenya Romero aplazó  para el domingo a las 9:00 de la mañana el conocimiento  de  la solicitud de  medida de coerción a los exministros de  de Obras Públicas,  Gonzalo Castillo;  administrativo de la Presidencia,  José Ramón Peralta y de Hacienda, Donald Guerrero.