Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados rechazaron que el Gobierno proyecte una reforma tributaria para suplir el déficit presupuestario con que ha operado durante el primer semestre. La aclaración, sin embargo, no ha servido para despejar la incertidumbre al respecto que tanto perturba al sector empresarial.

El cuantioso déficit que, según la oposición y los gremios empresariales, arrastra el Gobierno es suficiente para inquietar a la población. El ministro de Hacienda, Vicente Bengoa, reconoció que se ha operado con un balance negativo, aunque de ninguna manera en la proporción que alega el equipo económico del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

La nota más preocupante en torno a los problemas financieros la ha puesto el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) al advertir sobre la preocupación que cunde en el sector ante un incremento en los impuestos que pueda no sólo detener el crecimiento, sino crear inflación y afectar el empleo y la competitividad.

Por lo menos es un hecho que se eliminarán los incentivos al aparato productivo. Lo que todavía no se ha definido, aunque los rumores y las mismas condiciones de la economía indican que algo hay, son las medidas que se adoptarán para terminar el año con déficit equivalente al 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a unos 47 mil millones de pesos, que es lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Si conforme a la oposición el excedente de gastos con relación a los ingresos fue de 76,752.6 millones de pesos sólo en los primeros cinco meses de este año, el Gobierno, sin importar la aclaración de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, está en una difícil encrucijada.

En su advertencia sobre el impacto de una eventual reforma fiscal el Conep sugiere que algo se cuece al respecto al señalar que lo más preocupante y peligroso es que un tema tan crítico para la seguridad jurídica de la inversión privada se maneje en base a declaraciones generales, cuando debieran ser transparentes y someter las propuestas a debate público. E incluso señaló que la cúpula empresarial se ha reunido en tres ocasiones para analizar el impacto de la medida. Cuesta aceptar que gente que suele manejar información de primera mano pueda estar tan preocupada por una falsa alarma.

Antes que negar que el Gobierno proyecte una reforma fiscal habría sido más tranquilizante si los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados se hubieran comprometido a no respaldar ningún proyecto que elevara aún más la de por sí pesada carga que ya soportan productores y consumidores.