En el artìculo Inclusión Política, del Diccionario Electoral del Instituto Interamericano de los Derechos Humanos, Alicia Del Águila sostiene que esta “se podría entender de dos maneras. Una, como una situación ideal, el reconocimiento pleno de los derechos políticos de los miembros de una comunidad. Dos, en alusión a los parámetros y límites con que el reconocimiento de los derechos políticos se da en cada sociedad”.

Aunque en una democracia moderna deben ser incluidos todos los ciudadanos y ciudadanas, sin distinción de clase, poder económico, sexo, cultura, etnia o religión, no siempre se cumple este criterio.
La inclusión política debe ser consustancial a la democracia, sobre todo, tomando en consideración el impulso dado por la Revolución francesa al sufragio universal, el cual, no obstante, tuvo que esperar el transcurso del siglo XX para convertirse, en gran medida, en realidad.

No se debe negar que durante el primer cuarto del siglo XXI se avanzó significamente en la concietización de la sociedad sobre la diversidad social, cultural y económica, pero no tanto en el plano político en torno a personas con discapacidad, pueblos originarios, comunidades LGTB y sectores históricamente marginados.

Sin embargo, la inclusión política no se limita unicamente a permitir el voto, debe garantizar que todas las personas puedan incidir en las decisiones políticas, lo cual se expresa en este tiempo en la institucionalización de la paridad de género, el reconocimiento político de comunidades indígenas, la participación de comunidades de orientación sexual diversas, las cuales con la revolución digital han creado nuevos canales para el activismo y la participación política, a través de plataformas sociales como X o TikTok.

Los avances del presente siglo exigen una política más abierta, horizontal y participativa, que no esté basada, de manera exclusiva, en acudir a votar. La inclusión política implica diseñar espacios donde la deliberación ciudadana sea constante, accesible y significativa.

Por tal razón, se puede considerar la inclusión política como indispensable para la sostenibilidad de una democracia.

Sobre la inclusión política en la República Dominicana se puede afirmar que ha tenido avances significativos en términos de participación electoral y reconocimiento de derechos, pero persisten algunas limitaciones en sectores como el de las mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, entre otros.

Una exclusión política muy significativa es la de los militares y policías de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, los cuales, de conformidad con el artículo 208 de la Constitución de la República, no tienen derecho al sufragio.

Al margen de los argumentos empleados para mantener la prohibición del voto de los militares y policías, se debe tomar en cuenta que esto los convierte, de facto, en ciudadanos de segunda categoría, toda vez que por razón de su función y adscripción a un cuerpo armado del Estado, se les priva del derecho al sufragio activo.

Finalmente, la República Dominicana que, en este tiempo de incertidumbre, es un referente de estabilidad democrática, debe abrirse plenamente a la inclusión.