Por el prontuario que ha detectado una comisión investigadora, el teniente coronel Johan Liriano Sánchez jamás debió ingresar a la Policía Nacional. Tras su alegada relación con una banda de sicarios y narcotraficantes es cuando las autoridades vienen a enterarse del pedigrí de un joven oficial a quien se atribuye no solo haber amasado una cuantiosa fortuna, sino que ocupó cargos de responsabilidad tanto en ese cuerpo como en la Dirección Nacional de Control de Drogas (DCND).

Los cargos contra el oficial sugieren o que no fue depurado para ingresar al cuerpo del orden o que las normas son muy vulnerables. No otra cosa explica que ahora sea cuando se sepa que Sánchez Liriano fue procesado en Boston, según el Departamento de Justicia Criminal de Massachusetts, por usar una placa de vehículo falsa en los años 1994, 95 y 98, así como por violación agravada a la propiedad privada, porte ilegal de arma de fuego y violencia doméstica.

Como no basta con un simple mea culpa en una entidad que tiene entre sus funciones evaluar la conducta de los ciudadanos, se espera que de la misma forma que se ha investigado el historial pueda aclarar la meteórica carrera de Liriano Sánchez, desde que ingresó hasta que fue detenido en septiembre de este año en un allanamiento a su apartamento del sector Evaristo Morales por lavado de activos provenientes del narcotráfico y su supuesta participación en otras modalidades del crimen organizado.

Cuando se produjo su detención, el primero que salió en su defensa fue el antiguo presidente de la DNCD, Rolando Rosado Mateo, de quien había sido asistente y quien lo definió como un agente “honrado”, que se había sacrificado por el país sirviendo a la entidad antinarcóticos sin horario y con total entrega. E incluso justificó el patrimonio oficial como resultado de los servicios que ofrecía tanto a entidades públicas como privadas en su condición de técnico de aviación. Ahora resulta que por los antecedentes Liriano Sánchez jamás debió formar parte del cuerpo al margen de los estrechos contactos que según la Policía tenía con los integrantes de una red de sicarios y narcotraficantes con quienes supuestamente se reunía de manera frecuente en una finca de su propiedad localizada en la comunidad El Porquero, San Cristóbal. Es tras la localización de tres cadáveres próximo a la propiedad cuando el oficial entra en escena.

Los cuerpos sin vida cuyo hallazgo motivó la investigación corresponden al supuesto sicario Juan Félix Cordero Febles (Copelín), a quien la Policía atribuyó más de 50 asesinatos, así como al sargento del cuerpo Luis Méndez Sepúlveda y al comerciante Abrahán de los Santos Rodríguez. Días después fue encontrado en las proximidades de la zona el cadáver de Edgar Rijo Astacio (Maestrico), otro supuesto matón por encargo. En la forma en que se ha presentado, el caso del teniente Liriano Sánchez representa una lección para la propia Policía toda vez que no investigó u omitió sus antecedentes antes de aceptarlo como miembro del cuerpo. Más que golpes de pecho, procede establecer responsabilidades, que tiene que haberlas.