Por: OLIVIER BATISTA LEMAIRE

En el decurso de los 22 años del dominio haitiano y la dictadura militar unipersonal de Boyer, en la “parte este”, múltiples fueron las formas de opresión económica que llevaron a los dominicanos a abrazar la causa independentista.

Entre ellas, la insoportable extorsión fiscal. En las arcas haitianas había en 1843 más de un millón de dólares por concepto de exportación, incluidas las “contribuciones dominicanas”, lingotes de oro y otros valores.

En cambio, a la víspera de la gesta independentista de los dominicanos, a principios de 1844, ¡en Santo Domingo reposaba la mísera suma de 7 mil pesos! El 35 % de los recursos de la dictadura provenía de la parte este, en particular de las divisas generadas por el tabaco, el cuero, y sobre todo la madera.

Lo que es hoy República Dominicana fue utilizado para pagar la deuda con Francia. En 1927, por ejemplo, la pequeña aldea de Higüey envió 2 millones de pesos a Maximilien Borgella a Santo Domingo como “contribución extraordinaria” para pagar la deuda a Francia.

Esta “contribución” se generalizó al resto de los poblados o para ir a los bolsillos de los generales haitianos. El destacado intelectual haitiano Leslie Pean, en su obra “Economía política de la corrupción”, tomo I, dice sobre los impuestos en este periodo que “la riqueza de algunos militares mulatos provenía, entre otro, del reparto clandestino del impuesto extorsionado al pueblo” en ambas partes de la isla.

Los ocupantes cometieron groseras violaciones de los derechos de gentes en materia económica, en particular instaurando la ley del 8 de julio 1824 con la cual se pretendía redefinir y desmontar los hatos, las tierras comuneras y los bienes de la iglesia, es decir más del 90 % de las propiedades de los dominicanos.

Esta ley y la corrupción que engendraba fue denunciada en el manifiesto independentista del 16 de enero 1844, pues: “autorizó con la ley del 8 de julio el latrocinio y el fraude”: los bienes de los exiliados se vendieron a precios irrisorios (5 % por debajo de su valor real) a los generales, coroneles y civiles haitianos, y evidentemente a los elementos dominicanos anexionistas que disfrutaron de esta “redistribución” de tierras.

Según Paul Moral y Beaubrun Ardouin miles de haitianos de las zonas pobres del sur y el oeste fueron enviados a Santo Domingo. Se beneficiarían de las tierras de la Iglesia desnacionalizadas en beneficios de un poder extranjero y su población.

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El dictador Boyer hurtó a su llegada a Santo Domingo las joyas que cubrían una madona en la catedral y la ofreció de regalo a su regreso a Puerto Príncipe a su concubina.

Este despojo de tierras, animales y joyas privó a la Iglesia de los ingresos con los cuales financiaba la universidad, las escuelas hispano-dominicanas, las obras de caridad, y la construcción y mantenimiento de planteles eclesiásticos.

Es decir, se desnacionalizaron sus bienes. Solo los historiadores haitianófilos hablan de nacionalización a fin de buscarle bondades a un Estado extranjero expoliador, rechazado por los dominicanos.

La ley del 8 de julio 1824 y la parte concerniente a los hatos y las tierras comuneras, como dice el gran historiador haitiano Beaubrun Audouin “fue suspendida por Boyer, pues quería evitar enfrentamientos armados (passed´armes, en el texto) generalizados en la parte Este’’. Como agrega el otro gran historiador haitiano Madiou “los campesinos opusieron una resistencia enérgica” al desmonte de sus tierras comuneras. Madiou agrega que “toda la población’’ se opuso a la haitianización del sistema de propiedad comunera.

Esta política de expoliación de las propiedades de los hispano-dominicanos, aparte de hacer entrar fondos a un estado extranjero, estaba dirigida a fomentar la gran propiedad servil. En efecto los grandes propietarios durante ese periodo no fueron los denostados hateros, sino más bien los generales y coroneles haitianos.

Borgella, comandante del distrito de Santo Domingo y después Carrier su sucesor, disponían de ingenios y cultivos con decenas de “trabajadores” provenientes de los rangos bajos del ejército, obligados a trabajar para sus jefes. En virtud de una ley adoptada por Petion, todos los militares, desde los sargentos hasta los comandantes, tenían legalmente derecho a tierras. No desaprovecharon la ocasión en la parte dominicana.

La instauración del trabajo forzado en el ejército o a la gendarmería, movilizando los civiles pobres en virtud de una ley de 1818, indispuso a humildes gendarmes dominicanos integrados a esas estructuras castrenses, provocando en 1923 una insurrección mayúscula en el poblado de San Francisco de Macorís, dirigida por el capitán Lázaro Fermín. Boyer envió para aplastar ese movimiento insurreccional a miles de soldados de Haití, dirigidos por el general Magny.

La opresión socio-económica impuesta por la oligarquía mulata haitiana a los dominicanos fue un detonador de la crisis que llevó a la independencia de 1844.

El autor es escritor y profesor universitario.