El sector empresarial, al que se atribuye una gran cuota de responsabilidad en la debilidad del sistema institucional que hoy tanto le preocupa, ha decidido asumir una participación más activa en el proceso político del país. De no ser el pretexto lo más probable es que las elecciones del 15 de mayo, en torno a las cuales todavía se exponen supuestas irregularidades, hayan sido el detonante para una irrupción en la escena que ha amalgamado con la sociedad civil y grupos académicos a las principales asociaciones empresariales en demanda de varios objetivos que se resumen en equidad y transparencia.

Es posible que el escándalo con los sobornos que se habrían pagado para la compra de los aviones Tucano haya relegado un tanto la conformación de “Iniciativa por la Institucionalidad Democrática”, una entidad que surge con el decidido propósito de evitar que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) consolide de manera unilateral el control que ejerce sobre los principales poderes del Estado. Ante una oposición con escaso espacio y menor audiencia los empresarios no han vacilado en asumir y amplificar la demanda de que se aprueben las leyes de partidos políticos y de régimen electoral. Entienden que de no ser así la democracia no pasará de una caricatura.

Pero no leyes protocolares. Sobre la de partidos políticos demandan que esas agrupaciones “asuman el mandato constitucional, que les ordena establecer procesos institucionales transparentes y organizados; reglas para la elección de sus autoridades y los candidatos a posiciones electivas, respeto a la democracia interna y el debido proceso; la obligatoriedad de la formación política, ajustarse a sistemas de financiamiento públicos o privados que sean fiscalizados por los órganos competentes, y crear mecanismos regulares de rendición de cuentas”.

En lugar de hacerlo cada quien por su lado y procurarse luego una solidaridad a conveniencia, el sector empresarial, que tiene más incidencia mediática que la oposición, cita entre los objetivos de Iniciativa Democrática “Dar seguimiento permanente y acompañar el proceso de selección de los titulares de la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral con la finalidad de garantizar el cumplimiento de estos órganos, y por tanto el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales”. Si algo falta, debe ser muy poca cosa. Porque todo está dicho.

El pulso del PLD no será solo con la oposición, que en base a su poderío ha arrinconado y golpeado a su antojo, sino con un empresariado que con “Iniciativa por la Institucionalidad Democrática” ha decidido salir a la arena para participar en la lucha.