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Inquisición dominicana

Inquisición dominicana

Susi Pola

En nuestro país, llegamos abusivo límite de la práctica política del poder y de las organizaciones de partidos, ambos espacios se valen de la autoridad y el control asumiendo atribuciones que no les corresponden, hasta lesionar los derechos humanos de la ciudadanía.

Quienes se organizan para ejercer la política en una democracia, reciben el poder de administrar lo público en el interés común de la ciudadanía beneficiando a toda la sociedad, sin embargo, la práctica política nuestra prioriza a quienes ostentan “poderes sociales”, en desequilibrio, propiciando la corrupción, muestra del olvido que tiene la autoridad del pueblo que debe representar.

Ejemplos son los que llenan cada día nuestra cotidianidad ciudadana, sea el gobierno que sea, la estructura del abuso está instalada y es reciclada constantemente.

Esta semana pasada, vimos el colmo.

Una legisladora hablando barbaridades frente a la prensa a partir de sus propias limitaciones y falencias en la materia, sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Un grupo de personas fanáticas manifestándose frente al Ministerio de la Mujer con lemas de adhesión religiosa a ultranza, como base y alegato frente a la posibilidad de aplicar derechos. Un pastor que amenaza con “soltar a la calle al pueblo cristiano”.

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Un obispo se une a las acusaciones sin fundamento. Gente que cree representar al pueblo dominicano, con misoginia, homofobia, favoreciendo el uso del poder político y la fuerza del Estado para mantener creencias y costumbres religiosas y políticas que, definitivamente, les favorecen de manera exclusiva.

Como dicen analistas de la política, la extrema derecha desde la década de los 80, mantiene un plan, con estrategias basadas en las religiones para llegar al poder y volver al pasado, entrando en el sistema político y aumentando su peso electoral. Todo, a partir de la tergiversación y manipulación, cruzada favorecida por las nuevas técnicas de comunicación e información.

Y las acusaciones alegres y sin fundamento de la semana pasada contra el embajador Josué Fiallo y la ministra de la mujer Mayra Jiménez, desmentidas desde el propio Estado, prueban que, la extrema y ultraderecha en nuestro país, es un actor legitimado y que seguimos funcionando en forma clásica.

Aquí, los movimientos cristianos y desde las empresas religiosas, han logrado utilizar el miedo para convertirlo en odio y hoy por hoy, son la mayor amenaza para la pretendida democracia dominicana.

Esto no se trata solo de odio a las mujeres y a la salud sexual y salud reproductiva. ¡Va para largo y en nombre de Dios!