El interés político salta a la vista en la decisión del Gobierno de congelar por quinta semana consecutiva los precios de los combustibles, habida cuenta de que la medida no guarda proporción con el alza del petróleo en los mercados internacionales.

El alegato de que la decisión fue para no cargar a los consumidores con aumentos desproporcionados es sólo una explicación a medias, al obviarse uno de los ingredientes fundamentales: el electoralista. Aunque lo que todos quisieran, por supuesto, es que tanto los precios del petróleo como de los carburantes se desplomaran, sobre todo por el gran alivio que representaría para el bolsillo.

Pero la verdad es que de regirse por la fórmula contemplada por la Ley de Hidrocarburos para fijar y despolitizar los precios de los derivados del petróleo, en lugar de absorberlos, el Gobierno hubiera tenido que aumentarlos. Pero en medio de un proceso electoral las autoridades no están dispuestas a arriesgar su capital político, sin importar las consecuencias para la economía.

No hay que dar muchas vueltas a la ecuación. Si se ha tenido que recurrir a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es porque se necesitan recursos para afrontar el déficit fiscal, además de transmitir un saludable mensaje a la inversión extranjera.

El compromiso con el organismo crediticio supone que las autoridades remontarán con alzas significativas el sacrificio financiero en que han incurrido con motivo de las elecciones. La maniobra, sin embargo, le resta transparencia al mercado y politiza las reglas de juego en beneficio del Partido de la Liberación Dominicana.

La Ley de Hidrocarburos fue concebida para que los precios de los combustibles se rigieran conforme a la tasa de cambio y el comportamiento del petróleo. Pero el Gobierno ha optado por ignorar el esquema para no cargar, en la presente coyuntura, con el costo de las alzas.

Es muy sintomático, por demás, que el Gobierno se comprometiera a aplicar el acuerdo en el FMI a partir de junio próximo. Los consumidores, si no lo intuyen, deben prepararse para la tormenta post electoral. Los reajustes que se han postergado no serían sólo de los combustibles, sino de la electricidad, el transporte, la comida y demás sectores en que inciden.