Intimidación

Con la intención de amedrentar a  anunciantes para que retiren  patrocinio al programa   de televisión El Informe, el  director del Instituto Agrario Dominicano (IAD)  compromete a su Gobierno en un nuevo periplo de agresión e intimidación contra la prensa.

 El ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel remitió  actos de alguacil a 33  empresas anunciantes a las que advirtió que  serían sometidas a la justicia si en ese programa que  conduce la periodista Alicia Ortega continúa lo que define  como ataques difamatorios en su contra.

Quien ha incurrido en esa agresión sin precedentes es un funcionario oficial, por lo que,  a menos que una autoridad superior censure o impida ese tipo de inconducta, hay que  colegir o temer que esa acción de intimidación cuenta con anuencia, complacencia o patrocinio del Gobierno.

El señor Rodríguez Pimentel ha usado el correo judicial con el evidente propósito de obligar a 33  empresas a retirar su patrocinio al programa El Informe y causar así serios problemas económicos a ese espacio.

Ese señor amenaza con someter a la justicia a empresarios  por “complicidad” en lo que  define como  señalamientos afrentosos, difamatorios e injuriosos en su contra, lo que además de un absurdo jurídico sienta un precedente perverso y peligroso contra  el principio constitucional que consagra la libertad de prensa.

No se niega derecho a cualquier funcionario   exigir  en los tribunales sanciones penales o reparación civil  al considerarse víctimas de  difamación o  injuria.

 Lo que  constituye  una aberración   es que el señor  Rodríguez Pimentel, prevalido de su condición de funcionario del Gobierno, intente cerrar un programa de televisión mediante  amenaza a los anunciantes que subsidian ese espacio.

La sociedad dominicana está compelida a  denunciar ese burdo intento de amordazar a la prensa y los empresarios notificados a rechazar la peregrina amenaza del director del IAD.

Los medios de comunicación están en deber y obligación de hurgar en despachos oficiales y en las cuentas nacionales e informar sin temor de  cualquier tipo de irregularidad en que incurran funcionarios oficiales.

El Gobierno  debe un desagravio a la prensa, a pena de  asumir complicidad ante tal afrenta.