Como precipitada, irreflexiva e improvisada puede definirse la tajante respuesta del ministro de Economía y Planificación, ingeniero Temístocles Montás, de que es prácticamente imposible que el Gobierno pueda atender las demandas económicas y sociales que motivaron el paro nacional del lunes último.
No parece prudente que un acontecimiento de singular trascendencia social y política como ha sido esa huelga general se aborde desde un pasillo del Palacio Nacional por un funcionario que se arroga el rol de vocero del Gobierno, con un rotundo no se puede.
No basta señalar -como ha dicho el ingeniero Montás- que el Gobierno está consciente de la situación de crisis económica que padece la nación ni que justifique una censurada inercia oficial bajo el pretexto de que es causada por un choque externo.
En vez de justificar el estado de calamidad económica o de advertir que las autoridades nada pueden hacer al respecto, ese funcionario ha debido informar sobre algún programa de emergencia que procure aliviar la pesada carga que acarrea la población.
Se sabe que la crisis económica global impacta severamente sobre las cuentas nacionales, pero ello no quiere decir que la sociedad toda sea condenada al holocausto sin que se apliquen recetas internas relacionadas con la calidad del gasto, mejor distribución del ingreso, reducción de la inflación y mejoría en servicios básicos como educación, salud, electricidad, agua potable y transporte.
Por sí mismo y en aparente representación del Gobierno, el ingeniero Montás parece convocar a un cierre del país, al proclamar que nada se puede hacer ante el impacto de la crisis externa sobre la economía nacional.
En vez de derramar combustible sobre fuego, las autoridades deberían convocar a los diversos sectores nacionales a un diálogo abierto y extendido sobre el recetario más adecuado para afrontar la crisis, sin azuzar otra tormenta que no sea la que genere innovadoras ideas y mejores alternativas de soluciones.
Quizás algún día, el presidente Leonel Fernández pueda dirigirse a la nación de manera directa y despejar la incógnita de si el balde de agua fría derramado por el ministro de Planificación ha sido por propio exabrupto o si representa el parecer último de su Gobierno, en cuyo caso habría que ir pensando en candado y bisagra.

