A pocos días de las elecciones ordinarias generales municipales del 18 de febrero, la Junta Central Electoral recuerda disposiciones de la ley 20-23 del régimen electoral destinadas a mejorar el desarrollo del proceso de votación y al estímulo de mayor participación ciudadana en ambiente de paz y seguridad.
Esos asuntos son el carácter no laborable del 18F, el término del proselitismo 48 horas antes de la apertura de colegios, es decir, a la medianoche del jueves 15, la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas desde 24 horas antes de la votación y el cese de publicación de encuestas a partir del día 10. Son mandatos de ley, la JCE solo se encarga de hacerlos cumplir, para un proceso que tiene características de estreno como la eliminación del pernicioso arrastre partidista y la aplicación del voto preferencial tanto para alcaldes y regidores, en municipios, como directores y vocales, en distritos municipales.
El organismo electoral ha cumplido con plazos y disposiciones legales puntuales, goza de confianza ciudadana y ha desarrollado múltiples esfuerzos para educar a los votantes, capacitar los ciudadanos que trabajarán en los colegios y dirigir la logística de un proceso que involucra a tantas personas.
Las estadísticas municipales indican que el padrón es de 8 millones 105 mil 151 electores que escogerán 158 alcaldes y vicealcaldes, mil 164 regidores y sus suplentes, 235 directores distritales e igual número de subdirectores, así como 735 vocales, para un gran total de cargos electivos de tres mil 849 puestos.
A nivel municipal hay alta abstención y desinterés ciudadano por votar, quizás por desconocimiento de candidaturas, y aunque ahora no hay arrastre de partidos por ley, en la práctica se impone la fuerza de símbolos y aspirantes presidenciales. Ese es el reto a vencer para mejorar la democracia desde la base.