Tras el escándalo generado por el intento de aplicar un aumento salarial a sus miembros, el Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) reapareció este miércoles en la opinión pública con el lanzamiento de la primera Mesa de Control Social de la Región Metropolitana.
La medida, encabezada por la presidenta del órgano, Emma Polanco Melo, se produce días después de que la institución tuviera que dejar sin efecto la Resolución ADM-2026-017, sobre aumento salarial del Pleno, luego las críticas de diversos sectores.
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La entidad explicó que la nueva mesa creada busca canalizar denuncias y alertas ciudadanas sobre el manejo de los recursos públicos, bajo el amparo de la Ley núm. 18-24.
Participación y vigilancia ciudadana
Durante el acto, Polanco Melo destacó que la iniciativa pretende establecer un mecanismo de fiscalización cercano a la población. “
«Vinimos a hacer posible la participación, a escuchar y a trabajar juntos. Cuenten con una Cámara de Cuentas abierta y dispuesta a acompañarlos”, expresó la funcionaria.
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Mientras, el director de Control Social, Bernardo Matías, explicó que la mesa funcionará como un instrumento plural para que la ciudadanía ejerza su derecho a vigilar y proponer mejoras en las políticas públicas.
El evento contó con la integración de diversos representantes de organizaciones sociales y religiosas, entre ellos, Francisco Álvarez Valdez, de Participación Ciudadana; Thelma Pichardo, del Centro Juan XXIII; Feliciano Lacen, presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), y Guadalupe Valdez, del Foro Ciudadano.
Funcionamiento de la mesa
De acuerdo con lo anunciado, este organismo sesionará de manera permanente y contará con una plataforma virtual para el seguimiento de los casos priorizados. El objetivo declarado por el Pleno es que la Mesa de Control Social sirva de enlace técnico entre el órgano fiscalizador y los actores sociales para garantizar una mayor integridad en la gestión del Estado.
Escándalo por el aumento
El escándalo estalló a principios de abril de 2026, cuando se filtró la Resolución ADM-2026-017, mediante la cual el Pleno de la Cámara de Cuentas aprobó un incremento de beneficios y compensaciones que representaba hasta un 50% de sus ingresos.
La noticia generó rechazo social inmediato, debido a que el sueldo base de la presidencia ya superaba los RD$ 423,000, en un contexto donde la institución enfrentaba duras críticas por la baja cantidad de auditorías publicadas y un estancamiento administrativo operativo.
La controversia escaló al plano legal y legislativo, ya que el aumento violaba el artículo 140 de la Constitución, el cual prohíbe que los funcionarios públicos legislen o decidan en beneficio propio respecto a sus salarios durante su período de gestión.
Diversos sectores de la sociedad civil y legisladores del Congreso Nacional calificaron la medida como una provocación y una falta de ética, presionando para que se iniciara un proceso de fiscalización sobre las decisiones administrativas del Pleno.
Ante la presión social, los miembros de la Cámara de Cuentas enviaron una comunicación al Senado el pasado 9 de abril dejando sin efecto la resolución.
A este escenario se sumó el cuestionamiento sobre la dualidad de ingresos de la presidenta del órgano, Emma Polanco Melo, quien, tras su salida de la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) percibe una pensión estatal que supera los RD$ 400,000 mensuales.
Al combinarse este monto con su salario actual en la Cámara de Cuentas, que asciende a RD$ 423,500, sus ingresos totales con cargo al erario público sobrepasan los 800 mil pesos.
