El derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, con su balance de 235 fallecidos, más de 180 heridos, 174 menores de edad huérfanos con un alto porcentaje de ambos padres, otras tantas personas sin parejas, en fin, centenares de familias destruidas y traumas individuales y colectivos inconmensurables, es un suceso único, inusual e inesperado que amerita de soluciones extraordinarias.

La vía judicial no resolverá el caso de manera satisfactoria, ni saciará la sed de justicia que se reclama a vox populi ante una tragedia de tal magnitud, porque los textos legales a aplicar, obsoletos por demás, no configuran muertes masivas por imprevisión y/o negligencia, ni existe el cúmulo de penas, es decir, que es lo mismo un homicidio involuntario que 235, la cantidad no varía la pena.

Las diligencias investigativas del Ministerio Público y su documento de solicitud de medida de coerción contra los hermanos Espaillat, uno como representante legal y, la otra, administradora del negocio, se notan esmeradas.

El peritaje de tres ingenieros especialistas que analizaron el caso, hicieron descensos, pruebas de laboratorio y emitieron su conclusión sobre las causas del colapso del techo, es muy profesional y certero, de validez legal y científica.

La clave de este suceso es que “ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa”, de acuerdo al debido proceso constitucional, y el homicidio involuntario, como tipificó el Ministerio Público, implica pena máxima de dos años de prisión por responsabilidad penal.

A la aspiración social de sanción condigna por la tragedia del Jet Set se contraponen la ley, que minimiza el caso a pena correccional, y la justicia, que postula “dar a cada quien lo que le corresponde”, por lo que este suceso sui generis, requiere jueces capaces, creativos en aplicación del derecho con respeto al debido proceso, firmes y decididos a lograr el soberano espíritu de la justicia.