SANTO DOMINGO.- El juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, se reservó el fallo sobre la solicitud de medidas de coerción contra los implicados en el caso del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), decisión que será dada a conocer mañana domingo a las 6:00 de la tarde.
La decisión fue adoptada luego de más de 12 horas de audiencia, durante las cuales los abogados de los imputados expusieron los medios de defensa de sus representados y refutaron los argumentos presentados por el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Hasta el momento, los imputados en este proceso judicial son Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de SeNaSa durante el período 2020-2025; Gustavo Enrique Messina Cruz, gerente financiero de la institución entre 2020 y 2025; y Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico de la entidad.
Asimismo, figuran Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de Servicios de Salud de SeNaSa entre 2020 y 2025; Ramón Alan Speakler Mateo, quien laboraba en la entidad desde 2016; Eduardo Read Estrella, miembro del grupo Read y propietario de la empresa KHERSUN, S. A.; Cinty Acosta Sención, gerente de la empresa Madison Medical, S. A.; Ada Ledesma Ubiera, propietaria de la distribuidora Lufarka; Rafael Martínez Hazim, quien se entregó la tarde del martes 8 de noviembre; y Heidi Mariela Pineda.
El Ministerio Público solicita sanciones penales contra los responsables de presuntamente desfalcar al Estado dominicano mediante delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Los fiscales Wilson Camacho y Mirna Ortiz, en representación del Ministerio Público, solicitaron la imposición de 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo.
Cabe destacar que, con excepción de tres de los imputados, los demás han admitido su participación en los hechos y manifestaron su disposición de colaborar con el Ministerio Público.
