Santo Domingo.-El juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó la audiencia para el miércoles 18 de febrero, a las 9:00 de la mañana, a fin de continuar con la instrucción del proceso a los imputados en el denominado caso Operación Calamar.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) comunicó que desmontó los argumentos de los imputados Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, quienes —junto a otros compartes— intentan desvirtuar el proceso.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Pepca, destacó el valor de las pruebas aportadas en el proceso que se conoce en el tribunal.
“El Ministerio Público ha iniciado su réplica a los argumentos frente a las acusaciones, desmontando planteamientos con los que las defensas pretenden desvirtuar las pruebas ofertadas”, dijo Ortiz a periodistas a la salida del tribunal, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional.
“Ha quedado más que claro, con los elementos presentados, que el Ministerio Público ha demostrado todas las falsedades que por meses viene dando la defensa, no solo dentro del tribunal, sino también a la prensa (…) con pruebas fehacientes, hemos ido derrumbando uno por uno cada uno de sus argumentos”, agregó.
“Construyeron un castillo de naipes y le estamos retirando su base”, apuntó.
Durante la réplica, la titular de la Pepca expresó ante la jueza Altagracia Ramírez que las defensas se vieron imposibilitadas de contrarrestar la sólida acusación contra los cabecillas de la presunta red. Asimismo, pidió el rechazo al pedimento de exclusión de pruebas que, según indicó, fueron debidamente recolectadas.
Ortiz encabezó el equipo litigante junto a los fiscales Miguel Collado, Elvira Rodríguez, Jhensy Víctor, Melbin Romero y Miguel Crucey. “En su afán de confundir, la defensa usa los metadatos de forma maliciosamente incorrecta”, expresó ante el tribunal.
El expediente por corrupción
Según el Ministerio Público, los procesados integraban una estructura que desvió una suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como mediante sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
En este caso se presentó acusación contra 46 personas físicas y jurídicas, procesadas por asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos, entre otros cargos.
El expediente también incluye al abogado Ángel Lockward, a Luis Miguel Piccirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), así como a Roberto Santiago Moquete Ortiz, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; al exencargado de Juegos de Azar de Hacienda Julián Omar Fernández Figueroa, y al exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña.
También figuran Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández de Paola, Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación, entre otros implicados.
