Con la revocación de la sentencia de libertad condicional y la imposición por una Corte de Apelación de un año de prisión preventiva contra el imputado Raúl Reynoso Mota (Vantroi), la justicia erróneamente ha creído salir del laberinto en que ingresó con el escándalo que ha causado el nombramiento de un juez a destajo y su posterior cancelación de manera sumaria.

Bajo el no revelado criterio de que eso es lo que la gente quiere, la Corte de Apelación de Santo Domingo revocó la sentencia del magistrado interino Raúl Rosario Hernández e impuso al prevenido la pena máxima de reclusión que se puede imponer en materia de coerción.

Con ese fallo del tribunal colegiado se da a entender que la historia sobre este escándalo ha tenido un final feliz, como en los cuentos de hadas, pero resulta que falta por juzgar al propio sistema judicial que ha incurrido en gravísimo desatino.

No se ha explicado todavía al amparo de cuál sombrilla jurídica o administrativa se cobija la costumbre de nombrar jueces por igualas de horas, días o semanas, como fue el caso del magistrado Rosario Hernández, a quien se designó para que atendiera por 23 días al juzgado de Paz de Yamasá y que luego vino a parar a un tribunal de atención permanente en Santo Domingo Este.

La revocación de la sentencia emitida por ese juez igualado sería formalmente válida en una situación normal cuando el Ministerio Público la apela en tiempo hábil y presenta ante la Corte nuevos elementos probatorios de su acusación, pero este es un caso excepcional matizado por la cancelación sumaria de un juez a destajo.

Deberá aclararse si los jueces la Corte de Apelación actuaron bajo la presión de la Suprema para expulsar a un magistrado sin el derecho a las formalidades de un juicio disciplinario donde se escuchen los alegatos de defensa del imputado.

El juez Rosario Hernández ha defendido su decisión de ordenar la libertad bajo garantía económica de ese justiciable, al sustentar que las pruebas presentadas por la Fiscalía eran débiles, cuestión que en buen derecho debió investigar la Suprema Corte, antes de emitir su precipitada cancelación.

Esta historia de escándalos no ha concluido: falta aún un juicio ético a un orden judicial que nombra jueces por horas, días o semanas, sin cumplir los requisitos básicos para este tipo de designación, a los que luego expulsa sumariamente, en violación al derecho constitucional a la defensa o ser escuchado. Falta el juicio a los jueces.