El viacrucis de una madre que ha tenido que afanar día y noche para que las autoridades apresen y sometan a los tribunales al individuo que el sábado asesinó a mansalva a un chofer e hirió a su hijo de un balazo es la cotidiana historia de miles de hombres y mujeres que peregrinan por destacamentos y oficinas de fiscales clamando por justicia que de costumbre es denegada.

El chofer de camión Diógenes Contreras González fue muerto a balazos por Juan Luis Gálvez Marte (Güigüí), conductor de una yipeta, con quien momentos antes había tenido un leve accidente de tránsito. Uno de los disparos alcanzó al niño Melvin José Burgos, de nueve anos, en la pierna derecha.

La tragedia ocurrió frente a la residencia de la madre del menor, Wendy Leticia Selmo, empleada de El Nacional, en la avenida Hermanas Mirabal, donde el infeliz chofer descargaba materiales de construcción, cuando el individuó le disparó repetidas veces a quemarropa con una pistola que fue a buscar a su casa, después de ocurrir el percance entre los dos vehículos.

Güigüí huyó del lugar tan pronto cometió el hecho y desde ese momento la madre del muchacho herido no ha tenido sosiego y sus días transcurren en un ir y venir entre la sala del hospital donde se encuentra recluido su hijo y las sedes policiales y del Ministerio Público, donde ha intentado hacer valer su derecho a recabar justicia.

En principio, policías y fiscales colocaron el caso en terreno de lo imposible al señalar que el homicida no aparecía ni en los centros espiritistas, pero propios vecinos ubicaron el lugar -una habitación de hotel- donde se guarecía Güigüí, quien fue apresado.

Puede decirse -con todo respeto a las autoridades actuantes- que ese sujeto fue ubicado y apresado por el intenso esfuerzo de la señora Selmo que no perdió pie ni pisá al caso hasta dar con el que mató al chofer e hirió a su hijo.

La historia que se cuenta es la cotidianidad en los corrillos policiales y judiciales donde víctimas de crímenes y delitos confrontan indiferencia, negligencia, parcialidad o negación de justicia por parte de policías, fiscales, abogados y jueces.

Cualquier ciudadano ordinario sin dinero, vínculo con la prensa o con algún jorocón tendría que encomendarse varias veces a Dios antes de iniciar alguna diligencia procesal, porque sin la expresa intervención divina es difícil que se investigue un crimen o se administre sana justicia, si la víctima resulta ser un hijo de Machepa.

Que no se hable de oleaje de reforma judicial, de sanidad de Ministerio Público ni de ley orgánica de la Policía, porque literalmente la persecución e investigación del delito, la normativa procesal ni el malletazo del juez existen para la inmensa mayoría de la población sin apellido sonoro, relación con el poder o dinero con el cual comprar o alquilar voluntades.