El Día del Poder Judicial es ocasión propicia no solo para reconocer los avances institucionales alcanzados en los últimos años, sino también para reflexionar, con sentido crítico, sobre las debilidades que aún limitan el acceso efectivo a la justicia, especialmente para la mayoría de los ciudadanos.
Es innegable que el Poder Judicial ha dado pasos importantes en materia de modernización. La digitalización de procesos, la expansión del expediente electrónico y la oralidad han contribuido a una mayor transparencia y organización. De acuerdo con datos institucionales, más del 60 % de los tribunales del país ya utilizan herramientas digitales básicas, lo que ha permitido reducir tiempos administrativos y mejorar el seguimiento de los casos.
Asimismo, por primera vez en décadas, el país ha sido testigo del sometimiento judicial de altos exfuncionarios por presuntos actos de corrupción. Entre 2020 y 2024 se abrieron más de 200 procesos vinculados a corrupción administrativa, un hecho sin precedentes que ha fortalecido, al menos en el plano simbólico, la idea de que la impunidad no debe ser la norma.
Sin embargo, el gran desafío sigue siendo la duración de los procesos. Según estimaciones del propio sistema judicial, un caso penal complejo puede tardar entre cinco y siete años en obtener una sentencia definitiva. En los casos de corrupción, los plazos suelen extenderse aún más debido a la multiplicidad de incidentes, recursos, aplazamientos y tácticas procesales que, aunque legales, terminan desnaturalizando el principio de justicia pronta y cumplida.
Para el ciudadano común, la situación es todavía más crítica. Estudios locales indican que más del 70 % de los usuarios del sistema judicial considera que los procesos son “lentos o muy lentos”, y una parte significativa desiste de continuar litigios por falta de recursos económicos o agotamiento emocional. La sobrecarga de los tribunales, sumada al uso excesivo de formalismos y maniobras dilatorias, termina favoreciendo a quienes pueden sostener procesos largos, en detrimento de los más vulnerables.
El reto del Poder Judicial dominicano no es solo seguir procesando grandes casos ni acumular reformas normativas, sino garantizar una justicia accesible, equitativa y oportuna. En el Día del Poder Judicial, la verdadera celebración será posible cuando la justicia deje de ser percibida como un privilegio de pocos y se consolide como un derecho real para todos.
Porque una justicia que llega tarde, aun cuando llega, sigue siendo una forma de injusticia.
