Todavía falta mucho, pero es bastante lo que se ha avanzado aquí y en la región en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Esas estructuras inabordables creadas para proteger a quienes detentan o ejercieron el poder hace tiempo que comenzaron a resquebrajarse con las investigaciones, destituciones y sometimientos a la justicia por irregularidades, dilapidación o apropiación de recursos públicos de presidentes y vicepresidentes, como ocurrió en Guatemala en 2015 con Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Sería prolijo un recuento de todos los casos que la justicia ha juzgado en los últimos años en América Latina, pero algunos, por su dimensión, han calado y llegado a polarizar la opinión pública, como se ha visto ahora con los 12 años de prisión y la inhabilitación para ejercer funciones públicas solicitados por el Ministerio Público contra la vicepresidenta y expresidenta de Argentina, Cristina Fernández. Pero ya antes, sin remontarse mucho en el tiempo, los sobornos de Odebrecht habían causado un verdadero terremoto en el continente. En países como Perú dejaron un saldo de un expresidente muerto por suicidio, otro defenestrado y otro en el exilio.

A pesar de la comedia de mal gusto que se montó aquí, ha comenzado a avanzarse, aunque con una lentitud que desespera, en la lucha contra la impunidad y la corrupción. A diferencia del pasado, cuando más que justicia de lo que se trataba era de persecución política o venganza, el panorama, no obstante las limitaciones, es hoy más esperanzador. Tal vez no se pase de los casos que se ventilan, en los que se involucran a hermanos del expresidente Danilo Medina y contados funcionarios de relevancia de su Gobierno, pero en el pasado no existía ni siquiera eso.

Con el papel que todavía con sus reservas desempeña el Ministerio Público los actuales funcionarios, que en otros tiempos eran intocables y podían dejar los puestos con fortunas sin manera de explicar, miden muy bien sus acciones por temor al brazo de la justicia.

Por casos que eran rutinarios y ante la transparencia como norma para el ejercicio del poder, algunos han tenido que dejar los cargos por la presión de la opinión pública. Los avances, por más impactantes que sean sus repercusiones, no son para celebrar, sino para dar más impulso a la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Es cierto que se está en un escenario en que soplan otros vientos. Pero no deja de ser importante la consolidación del sistema institucional y la independencia del Poder Judicial, como ha propuesto el presidente Luis Abinader, en la batalla contra lacras que han lastrado el bienestar y el desarrollo de República Dominicana y otros países.