Al dejarse en el aire las supuestas faltas graves que sustentan el juicio político al pleno de la Cámara de la Cuentas recomendado por una comisión legislativa que investigó los conflictos entre los miembros de la entidad, era más que fundamentado el rechazo de distintos sectores a la propuesta para sancionar a los responsables de una crisis que expone, en gran medida, las debilidades del sistema institucional.

Lejos de asumir su rol como fiscalizador de las operaciones financieras y administrativas de los organismos públicos, sobre todo en un momento en que la transparencia y la batalla contra la corrupción y la impunidad simbolizan el anhelo de justicia de grandes segmentos sociales, su cúpula gerencial se enfrascó en una lucha de poder para proteger, según las querellas, intereses políticos y personales.

Si es como ha declarado el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que la comisión comprobó que en la entidad se ocultaron y alteraron auditorías, además de usurparse funciones, entre otras violaciones, el juicio político que se solicitó tiene asidero. Con las irregularidades el órgano se descalifica moralmente para reclamar que se respeten normas legales que en su propio caso no ha observado.

Que el proceso pueda ser largo y tedioso no es óbice para que por lo menos no se emprenda una acción ejemplarizadora contra servidores que, si se comprueban las faltas, merecen ser castigados con la pena que ameritan las presuntas violaciones. La gran incógnita del informe en cuestión está en determinar si todos son compromisarios, aunque no sea en igual magnitud, de las supuestas anomalías.

La comisión, al parecer para evitar choques, optó por meter a todos los miembros de la Cámara de Cuentas en el mismo saco. Sin embargo puede deducirse de lo que ha trascendido que la vicepresidenta Elsa Catano Ramírez, la secretaria Tomasina Tolentino de Makenzie y Elsa Peña Peña se valieron de la mayoría que representaban en el pleno para ejecutar un golpe institucional al presidente Janel Ramírez y al miembro Mario Fernández.

¿Quiénes, de no ser ellas, podían celebrar esas sesiones sin la presencia del presidente y de otro miembro que señala el informe de la comisión investigadora? Las sospechas se incrementaron con los infelices argumentos de la oposición legislativa para rechazar el juicio solicitado, al relacionarlo con un supuesto plan del Gobierno. De seguro que esas auditorías que se ocultarían y alterarían no corresponden a la actual administración.

Aunque no prospere el juicio político las irregularidades no pueden quedar impunes, pero tampoco se puede castigar a justos por pecadores.