El verdadero rostro de la reforma fiscal que aplica el Gobierno lo confrontará cada quien cuando tribute más por una gama mayor de productos y servicios o por personas físicas y jurídicas al presentar su declaración jurada ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Como el de la auyama, el corazón del consumidor sólo lo conoce el cobrador de impuestos.

El director de la DGII, licenciado Guarocuya Félix ha dicho que el impacto de esa reforma tributaria sería de un 1.5 por ciento sobre el Índice General de Precios para todo el 2013, pero eso sería sólo con el aumento del Itebis del 16 al 18% y de 0 a 10 por ciento para otros muchos productos incorporados a ese gravamen.

Los ciudadanos sentirían el peso mayor de esa reforma por vía de nuevos impuestos a la propiedad inmobiliaria, a los vehículos, a los depósitos generados por los ahorros, a los dividendos y en mayores retenciones por ingresos, entre otros, lo que supone un precio mayor sobre el nivel de inflación que el que estima el director de la DGII.

Se admite que los incrementos de impuestos y las nuevas figuras tributarias insertas en esa reforma no se aplican de manera simultánea, lo que haría menos pesarosa la carga impositiva, aunque en cualquier escenario se reduce la capacidad adquisitiva de las grandes mayorías y se resiente el aparato productivo.

Ante tan angustioso escenario, las autoridades están compelidas no sólo a garantizar absoluta calidad en el gasto público, sino también absoluta transparencia en la administración tributaria, especialmente en el trato que se dispensa a figuras como recaudación, amnistía, evasión y elusión fiscal.

De poco serviría que el Gobierno procure recaudar unos 46 mil millones de pesos adicionales en 2013 para aliviar un pronunciado déficit fiscal, si los niveles de evasión se mantienen en escandalosos porcentajes de un 45 por ciento o si la figura de la amnistía se usa para alentar esa inconducta tributaria.

Es todavía muy elevada la elusión fiscal, que se refiere a la no entrega a la administración tributaria de los impuestos al consumo retenidos por comercios y empresas, lo que constituye un tipo de infracción criminal que atenta contra la sostenibilidad fiscal.

El ciudadano ordinario, sobre cuyos hombros se coloca el mayor peso de la carga fiscal, reclama y merece equidad en la distribución de los ingresos que se obtienen por el nuevo paquete tributario y absoluta transparencia en el cobro y administración de los impuestos, y que se borre para siempre burdas formas de discrimen, privilegios, evasión y elusión fiscal.