Ciudad de Panamá.- La candidatura del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) para las elecciones del 5 de mayo se encuentra todavía en un limbo, a la espera de que el Tribunal Electoral de Panamá anuncie de manera oficial su inhabilitación tras la condena a 10 años de cárcel por blanqueo de capitales, una sentencia que le llevó además a refugiarse como asilado político en la embajada de Nicaragua.

La sentencia que condena al expresidente a 10 años y 6 meses de prisión por el delito de lavado de dinero por el caso ‘New Business’, una compleja trama para comprar irregularmente con fondos públicos la Editorial Panamá América S.A. (Epasa) que publica tres diarios, se confirmó el pasado 2 de febrero. Pero, más de 20 días después de confirmarse la condena, el documento oficial no ha llego al Tribunal Electoral, que ha reiterado públicamente esta semana que no puede oficializar la inhabilitación de Martinelli como aspirante presidencial hasta que no reciba el fallo judicial.

En medio de esta situación confusa, una copia de la sentencia fue entregada el pasado jueves al TE por un grupo de abogados. Tras ello, el ente electoral envió una solicitud a la jueza Baloísa Marquínez, a cargo del caso que condenó a Martinelli, para que “indique con carácter de urgencia” la veracidad de la copia de la sentencia presentada por los letrados y que “de ser así” les sea remitido una “certificación” de la condena.

También te puede interesar: Panamá niega el salvoconducto al expresidente Martinelli para su salida hacia Nicaragua

“La jueza Marquínez nos ha manifestado que a esta hora todavía la sentencia no se encuentra ejecutoria; no se encuentra en firme (…) tenemos que esperar que (la sentencia) llegue primero al Tribunal Electoral y se surtirán todos los trámites constitucionales y legales”, dijo este viernes el director de Asesoría Legal del ente electoral, Rubén Darío González, a las puertas de la Corte Suprema de Justicia.

Mulino, el posible sustituto Con la inhabilitación política del exmandatario, quedaría previsiblemente al frente de la candidatura presidencial su compañero de fórmula José Raúl Mulino, en quien Martinelli ha depositado su confianza y pedido públicamente a sus seguidores que le voten porque, según ha dicho, “incluso lo hará mejor yo”.

Mulino es un político con largo recorrido tras ser ministro de Seguridad, de Gobierno y Justicia bajo la administración de Martinelli. Anteriormente fue viceminsitro y canciller durante el gobierno de Guillermo Endara (1989-1994). Ahora se postula como vicepresidente de Martinelli.

La polémica alrededor de la situación legal del expresidente ha salpicado a las elecciones generales, a las que están llamados poco más de 3 millones de panameños para elegir presidente, vicepresidente, diputados, representantes, alcaldes y diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Martinelli, asilado y con una orden de detención
El pasado jueves, la misma jueza Marquínez ordenó la detención preventiva de Martinelli por los casos ‘New Business’ y ‘Odebrecht’, al que todavía debe enfrentarse. La detención del exmandatario es “proporcional y necesaria para asegurar la comparecencia del sancionado ante la justicia y salvaguardar los intereses de la sociedad”, según el comunicado del Órgano Judicial.

Después de que la sentencia por lavado de dinero se confirmó el 2 de febrero al serle rechazado el último recurso que buscaba anularla, Martinelli se asiló el pasado 7 de febrero en la embajada de Nicaragua y allí permanece tras serle negado un salvoconducto para viajar a territorio nicaragüense.

El expresidente alega que la condena en su contra era una persecución política para impedirle participar en las elecciones, en las que partía como uno de los favoritos al postularse como candidato a la presidencia con su partido Realizando Metas (RM), fundado en 2021.

Martinelli salió absuelto dos veces en el caso conocido como ‘Pinchazos’ (escuchas ilegales), pero aún debe enfrentar junto a sus dos hijos el juicio por Odebrecht por blanqueo de capitales. En España también es investigado por presunta corrupción por sobornos que la constructora española FCC confesó haber pagado en Panamá, y además por el supuesto espionaje a una mujer en la isla de Mallorca.