Un Foro Social Alternativo aparece como convocante a una huelga general el lunes por 24 horas, en reclamo de aumento salarial para empleados públicos, derogación del aumento a la tarifa eléctrica y que se modifique la Ley de Hidrocarburos, iniciativa que cuenta con el respaldo de entidades políticas, sindicales, sociales y el rechazo de gremios empresariales.

De más está predecir que al concluir esa jornada huelgaria y sin importar si logra su cometido de paralizar el aparato productivo nacional, la situación de crisis económica y de exclusión social será igual o peor, aunque el Gobierno recibiría un claro mensaje de que la población padece desaliento.

El peligro que entraña una convocatoria de esa envergadura es que pueda convertirse en detonante de violencia o desenfreno que agrave viejas heridas en el tejido social, por lo que es menester exhortar a quienes organizan y respaldan ese llamado a paro a ejercitar comedimiento.

Los convocantes a esa huelga deberían estar conscientes de que ejercen un derecho ciudadano limitado o restringido, pues la Constitución veda todo intento de paralización de servicios públicos básicos como los referidos a la salud, educación, transporte, electricidad y suministro de agua, aunque nada impide que la población se adhiera o rechace esa llamada a paro nacional.

Al Gobierno le corresponde garantizar el sosiego público, integridad de las propiedades públicas y privadas sin menosprecio de los derechos individuales y colectivos, por lo que los aparatos represivos del Estado deberían circunscribirse a acciones de carácter preventivo, lejos de añeja vocación a la intolerancia o represalia.

El Gobierno ha advertido que la huelga general causaría pérdidas por unos mil millones de pesos, pero la oposición política considera que ese paro se justifica como mecanismo para exigirles a las autoridades que enfrenten con mayor decisión la crisis económica, por lo que tales opiniones deberían asumirse como una confrontación o bifurcación de derecho, deber y obligación.

La mejor receta que tendría el Palacio Nacional para desactivar la huelga del lunes, sería el anuncio de medidas inmediatas y efectivas que ayuden a disminuir la agobiante inflación y con una mayor y mejor comprobación de que el Gobierno de verdad ha decidido cerrar compuertas de dispendio.

Se reclama que antes, durante y después de la proyectada huelga general, las autoridades ejerzan el papel de guardianes de derechos ciudadanos y no de verdugos de la población y que los convocantes del paro ni por asomo intenten conculcar el derecho de salir a trabajar de quienes no respalden esa iniciativa, que como se ha repetido, más que aliviar, agrava la enfermedad.