Nadie en su recto juicio de razón y de palabra puede hacerse el crítico pertinaz de una propuesta orientada a modificar la ley 33-18 de Partidos Políticos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, para tomar previsiones y evitar la llegada de recursos monetarios y humanos del litoral del narcotráfico y del crimen organizado en sentido general.

No es una amenaza lo que se enfrenta, es la realidad, la certeza de que las organizaciones políticas están penetradas en los círculos más íntimos de sus líderes, especialmente el del funcionario proponente, que ante evidencias tan obvias, tan de bulto de este mal que corroe la integridad de su organización, evade la respuesta a preguntas éticas que se le formulan sobre los casos evidenciados en sus filas.

La verdad que falta voluntad indagatoria, de reconocer los hechos que han estremecido el país que lleva a interpretarse como pusilanimidad y como una forma de no cargar con la pesada losa, sino tratar de repartir responsabilidades entre todos los actores políticos.

Es por ello que se descalifica la iniciativa del presidente del PRM, no por el efecto moralizador, pues sería una absurdidad, pero tampoco es cinismo de nadie objetarlo. En sí, negarlo sería una acción imperdonable.

Al presidente del partido sería perverso retratarlo como malvado o inmoral, es decir, apelar a una narrativa para construir un villano, sino que la unanimidad de crítica viene de la falta de humildad para reconocer que el asunto penetró en la más íntima y sentida amistad en sus estructuras.

Para tener autoridad hay que presentar cartas de coherencia, de no tolerancia, de control interno, verificación de listas, y de las crecidas e inocultables fortunas. Entonces, si se quiere evitar los ensordecedores ruidos mediáticos se tiene que corregir el error confesándolo con la verdad.

Incluso, cuando no hay que cavar hondo porque el problema está a la vista de todos. Es un verdadero filón de pruebas fehacientísimas, de archivo, no para contemplarlas, sino ajustar cuentas y dar su veredicto justiciero.