Durante la audiencia solemne ayer con motivo del Día del Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) describió lo que ha sido el infierno de la mora judicial, en cuyos maléficos pasajes se atascaron por años centenares de expedientes, lo que constituye una dilatada negación de justicia.

El magistrado Luis Henry Molina refirió el caso de una señora de Puerto Plata que debió esperar 13 años para recibir sana administración de justicia en torno a la pérdida de su hogar en un incendio, y también reveló que en 2019 la SCJ tenía pendiente fallar casos pendientes desde 1982.

Aunque el juez presidente de la SCJ proclamó que en el 2024 el alto tribunal conoció el 98 por ciento de los casos pendientes de 2023, tiene que admitir que la mora judicial es una epidemia extendida por todo el sistema judicial, sin importar si los casos son de los ámbitos civil, penal, laboral, administrativo o de cualquier otra índole.

Las cifras ofrecidas por el magistrado Molina, sobre avances alcanzados por la Suprema Corte en el conocimiento y fallo definitivo de expedientes atrasados son alentadoras, como el que refiere que de 11,268 casos ingresados en 2023, el 98 % fue resuelto, mientras que los correspondiente al 2024 alcanzan un 48 por ciento.

La mora judicial sería afrontada con mayor efectividad si los jueces de la SCJ aplican la ley 2-23 sobre recurso de casación que reduce de dos años a 27 días el plazo para completar expediente y tramitarlo a la sala correspondiente para ser decidido, y también prohíbe a las Cortes de Apelación emitir un tercer reenvío.

Se resaltan las seguridades ofrecidas por el titular de la Suprema Corte de que se trabaja para liberar al sistema de justicia del taponamiento de expedientes que en muchos casos datan de hasta más de cinco años, pero preciso es advertir que la mora judicial afecta el desempeño de todas las instancias judiciales.

El tejido de jurisprudencias que representan las sentencias y resoluciones del pleno y las salas de la SCJ constituye la garantía de unidad en todas las decisiones que emanen del Orden Judicial y, por consiguiente, de la transparencia jurídica y del respeto al debido proceso, por lo que sería saludable que el magistrado Molina y los demás jueces de esa alta corte tutelen esos valores jurídicos.

El Día del Poder Judicial sorprende al sistema de justicia en arduo afán por conjurar interminables atrasos en el conocimiento de expedientes judiciales, que datan de años, pero también con las cárceles repletas de presos preventivos, interminables reenvíos y la prevalencia de la cultura jurídica del “tránquenlo”.