El Consejo Nacional de Educación ha puesto valladar a una preocupante tendencia hacia el excesivo afán de lucro y conculcación de derechos que muestran colegios privados que aumentaron por su cuenta la tarifa de escolaridad, anunciaron cobros anticipados, expulsiones y secuestros de documentos en perjuicio de estudiantes cuyos padres se atrasen en los pagos.

Ese órgano rector del sistema educativo nacional otorgó plazo de diez días laborables para que los colegios demuestren que las alzas dispuestas están avaladas por inversiones o incrementos en los costos de operación, de lo contrario la tarifa será la misma que la del año anterior.

También se acordó prohibir la retención de documentos de los estudiantes por falta de pago de sus padres, así como la práctica de no aplicar evaluaciones o exámenes por la misma razón, con lo que se pondría fin a deleznables actos de discriminación o perjuicio que por demás constituyen violaciones a la Constitución.

Se admite que los colegios privados fungen como empresas, cuyos propietarios o accionistas procuran adecuada rentabilidad y se acepta como válido el reclamo de que padres y tutores cumplan cabalmente con el compromiso de pago de la escolaridad de sus hijos, pero se rechaza el uso de procedimientos deleznables para obtener ganancia o lucro excesivo.

La ley señala el procedimiento que debe emplear ante la justicia el prestador de un servicio ante la falta de pago o incumplimiento de contrato por parte del compromisario, que en el caso de los colegios privados nunca debería ser el secuestro de documentos o la expulsión sumaria del alumno en pleno año escolar, como tampoco es legal el cobro compulsivo de la escolaridad adelantada.

Aunque no son amplias las expectativas que la población pueda crearse en torno al cumplimiento de la resolución votada por el Consejo Nacional de Educación, se estima como positivo que ese órgano se haya dignado en advertir a los centros educativos privados que no pueden actuar como chivos sin ley.

Ojalá que las disposiciones de esa instancia oficial alcancen también a garantizar la calidad de la enseñanza en el ámbito privado que se ha deteriorado en no pocos colegios, cuyos propietarios han preferido priorizar el concepto de negocio por encima de la excelencia educativa.

Se resalta la importancia de la resolución del Consejo Nacional de Educación referida a los colegios privados y se aboga para que ese instrumental de referencia y normativa no se convierta en letra muerta como de común ocurre con la mayoría de los edictos oficiales.