El Gobierno ha firmado un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que Dios quiera no cause, como otros convenios de ese tipo, que la población llore lágrimas de sangre.

Aunque esta vez, al fragor de la peor crisis económica en más de 80 años, el FMI parece adjurar a su receta de obligar a los gobiernos a promover miserias para garantizar el pago de la deuda externa, sería un error confundir a ese gendarme con Santa Claus.

En efecto, la carta de intención requerida por el FMI conlleva el compromiso del Gobierno dominicano de aplicar un riguroso programa de reformas estructurales en los sectores fiscal, tributario, electricidad y supervisión bancaria.

En el ámbito oficial se mercadea la falsa impresión de que ese acuerdo garantiza un significativo incremento del gasto o de la inversión pública, pero se soslaya el compromiso del Gobierno de disminuir en 2009 el déficit del sector público hasta un 0,8 por ciento del PIB, reducirlo a cero en 2010 y promover un superávit del 2% en 2012.

Eso quiere decir que el Gobierno estará obligado a desinflar el gasto corriente, aunque se prevé un incremento de capital por vía de los mil 600 millones de dólares que ingresarán a la economía por motivo del acuerdo con el FMI.

La tarea más difícil entre las obligaciones que se derivan de ese convenio es la ejecución de una profunda reforma en el agónico sector eléctrico que sería afectado por drásticas reducciones de exenciones tributarias y transferencias presupuestales.

Es verdad que la política fiscal anticíclica que aconseja el FMI supone un incremento en la inversión de capital, pero no debería olvidarse que ese gendarme exige también drástica reducción del abultado gasto público.

No se niega que el acuerdo con el FMI constituye la mejor vía para aliviar la aguda crisis económica local, pero es menester advertir que su incumplimiento conllevaría el colapso total de la economía y a que de nuevo la población llore lágrimas de sangre.