Son muchas las lagunas –y para más de variado calado- que han salido a relucir en torno al controversial proyecto de Presupuesto para el año entrante por 684 mil millones de pesos. Para sustentarlo el Gobierno necesitará 4,500 millones de dólares en financiamiento, de los cuales dos mil se utilizarán para cubrir el déficit fiscal (estimado en 2.8%) y el resto para pagar deuda vieja. A pesar de la presión y los compromisos, el gasto corriente, sobre todo en lo que respecta a pago de empleados, se ha incrementado en un 13% y se contemplan subsidios por 67 mil millones de pesos. Los indicadores son suficientes de por sí para pintar un panorama inquietante.
Sin embargo, en lugar de examinar sin pasión y con mesura el impacto del incremento del gasto y el creciente endeudamiento, los congresistas, específicamente los del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se han enzarzado porque en la pieza no se contemplan recursos para obras en sus provincias. Y es sobre la base de interés particular que se ha planteado cualquier tipo de modificación, pero en modo alguno para adecuarlo a las necesidades de la nación.
Con una irresponsabilidad que espanta, los congresistas han denunciado que se asignan más de 1,500 millones de pesos para más de mil ONG que en su gran mayoría no cumplen ninguna función. E incluso hubo un legislador que señaló que en la pieza se destinan más de 100 millones para organizaciones fantasmas. Toda la alharaca, para colmo, es con el propósito de justificar el infame barrilito, el programa a través del cual los senadores reciben alrededor de mil millones de pesos al año para dádivas clientelistas. Sin hablar de otros privilegios.
Los 67 mil millones de pesos en subsidios son tan alarmantes como los 4,500 millones de dólares en financiamiento que se contemplan para cubrir gastos corrientes y pagar deuda vieja. Si los legisladores se sintieran más comprometidos con el interés nacional que con sus ambiciones políticas y particulares las subvenciones fueran minuciosamente escrutadas. Lo mismo que los préstamos que consignan para pagar empréstitos.
Si del proyecto de Presupuesto se descuentan el porcentaje destinado a amortización de capital e intereses de la deuda pública, que se calcula en alrededor de un 40 por ciento, y la partida para cubrir sueldos y otros gastos corrientes, para inversión de capital apenas quedan algunos centavos, lo que significa que los grandes problemas que agobian a la población se mantendrán como una constante. Y también los conflictos sociales.
Por falta de autoridad moral los congresistas no se atreven ni siquiera a fiscalizar los más de tres mil millones de pesos con que se sacrifica el Estado por concepto del subsidio de combustibles y el bonogás a los empresarios del transporte. Pero tampoco son capaces de inquirir sobre el destino de los 2.00 pesos en impuesto al galón de gasolina para renovar la flotilla del transporte público. No hay razones para esperar -aunque con ello falten aún más a sus atribuciones- que abordarán las lagunas que se han identificado en el proyecto de Presupuesto para 2014.
