POR: Pedro P. Yermenos Forastieri

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Lejos de ser partidos políticos, en el mejor sentido de esas palabras, las organizaciones dominicanas que procuran el poder constituyen sumatoria de voluntades encaminadas a realizar fabulosos negocios para beneficio de sus integrantes, de manera particular de sus cúpulas hegemónicas.

Para que eso sea así, se necesita que esas entidades operen con el menor nivel de regulación y que las escasas normas que tiendan a regirlas sean, en los hechos, letras muertas que no afecten el libre albedrío requerido para que las empresas prosperen. Imagínense, estamos hablando de quienes tienen a su cargo, de manera principal, delinear y aplicar las políticas públicas que procuran el desarrollo de esta nación. ¿Puede quedar alguna duda de por qué estamos como estamos?

Una efectiva ley de partidos políticos vendría a superar ese abominable estado de cosas y en esa lacónica expresión está resumida la causa fundamental por la cual ese proyecto no termina de ser aprobado. Vocación suicida es lo menos que puede esperarse de una clase política tan rapaz como la que padecemos. Por eso son intocables los barrilitos, las exoneraciones, las nominillas, cofrecitos y demás especímenes.

El presidente de la JCE ha atribuido al PLD la no aprobación de la ley de referencia. Eso huele a alguna insatisfacción de ese funcionario con sus compañeros de la dirección peledeísta que podría estar vinculada a su desacuerdo con la reacción ante la sentencia del Tribunal Constitucional, tan auspiciada por Roberto Rosario. Si bien es cierto que ese partido tiene mayoría congresual, acusarlo con carácter de exclusividad de tal cosa es reducir el debate, no admitiendo que se trata de motivos estructurales que tienen que ver con un sistema de partidos corrompido a profundidad, donde ninguno de los protagonistas puede lanzar la primera piedra.

El mayor descaro en esta materia la tuvo un miembro del comité político del PLD, quien públicamente manifestó que se opone a la aprobación de esa ley por tratarse de una presión internacional para dificultar la permanencia de su partido en la conducción del Estado. En otras palabras, alega que se pretende impedir que siga haciendo y deshaciendo para continuar subido en el palo del poder.
Estamos en presencia de una ley que solo un amplio reclamo social al estilo del desplegado por el 4% para la educación, la hará realidad. De lo contrario, veremos el tiempo correr y nuestros indemnes políticos afianzados en un ejercicio rentabilísimo de su actividad.