En relación al proyecto para regular la libre expresión del pensamiento, el expresidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Oscar López Reyes, nos envía unas reflexiones, muy atinadas, sustentadas en un andamiaje legal y aportes criterios debe sustentarse una norma que impida seguir derramando injurias, difamación, atentados contra el honor, el derecho al buen nombre y la intimidad.

Desde hace décadas se ha trabajado para dotar al país de una adecuada y actualizada legislación más mediática, y los intentos de gobiernos anteriores han sido fallidos. Ahora, con valentía y decente apertura, el Poder Ejecutivo ha introducido a las Cámaras Legislativas la “Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales” que, en vez de restringir el derecho a la palabra, se excede en un neoliberalismo comunicacional sin sanción penal.

La propuesta pieza parlamentaria se apuntala como trascendental para el fortalecimiento institucional, en el libre juego de las ideas. Y, más que reflejar un interés por el control gubernamental, o por amordazar, se ofrenda sobrecargada de pestañas o ventanas tan abiertas, que auspician la impunidad en este universo.

Respetados colegas y amigos de mil batallas -todos sin excepción- de la Sociedad Dominicana de Diarios -que redactó el concernido contenido jurídico comunicacional, y no el Gobierno- está solicitando en un comunicado una jornada de “deliberación democrática”, que “permita enriquecer aún más el texto”. Mano a la obra: Veamos algunas sugerencias de incorrecciones detectadas en el proyecto de ley en estudio.
Por su desconexión con la justicia penal, aseará el delito de prensa, protagonizará la irresponsabilidad profesional e incrementará la anarquía difamatoria, así como la inmunidad periodística.

Incluyamos la pena de prisión, para que haya una verdadera consecuencia. Expliquemos las razones: si un sicario desde un artefacto unidireccional subvierte contra la patria, desestabiliza a un gobierno o la paz pública, destruye corporaciones empresariales y las honras bien ganadas de un candidato presidencial y, si un juez lo encuentra culpable, basta liberarse con una simple multa.