En ausencia de orden impera desorden y la carencia de normativas engendra el caos, señalamientos que se aplican a la Administración Pública donde prevalece una organizada anarquía en el régimen salarial que hace posible que un funcionario de tercera categoría perciba sueldo superior al devengado por el Presidente de la República.

Peor aún y más insólito, que un servidor estatal con rango de ministro o director general se atribuya prerrogativa de autoasignarse salario de lujo y privilegios especiales que le permiten ganar más dinero que Bill Gate.

Es por eso que se resalta la iniciativa del Ministerio de Administración Publica de introducir por ante el Senado un proyecto de Ley de Regulación Salarial que pondría fin a un mayúsculo desorden que fomenta irritantes privilegios e injusto discrimen.

Esa ley debería partir del principio de que la función de servidor público no puede competir con la iniciativa privada, porque la primera tiene su base en la vocación de servicio y la otra en la obtención de plusvalía o rentabilidad, por lo que los salarios y sueldos en uno y otro ámbitos no serían comparables.

El otro criterio que debería prevalecer en ese estatuto es la imposibilidad de que un funcionario de cualquier rango o naturaleza se evalué o supervise a sí mismo, para fijarse escala salarial en provecho propio, al punto de exageración que algunos encargados de departamentos sin importancia llegan a percibir salarios mayores que cualquier banquero.

La escala salarial que se aplique en esa ley debe estar libre de privilegios o discrimen, sin que se pretenda que el monto de los sueldos sea comparado con economías del Primer Mundo, ni tan bajo que se erijan en motivo de desaliento para que talento y capacidad se aniden en la Administración Pública.

Sería prudente que los legisladores prestaran atención a observaciones sobre el tratamiento que en términos de escala salarial deberían recibir áreas oficiales relacionadas con la administración fiscal, monetaria y financiera, aunque tampoco debe aspirarse a crear paraísos salariales basados en espurias comparaciones.

Sin exageraciones ni pruritos, el legislador está compelido a aprobar un estatuto de regulación salarial que ponga fin al caos que en términos de sueldos y salarios afecta a la Administración Pública, para que impere orden en vez de desorden y normativa en vez de anarquía.