El presidente Barack Obama ha advertido que Estados Unidos vetará en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cualquier resolución que procure el reconocimiento del Estado de Palestina, como se ha propuesto ante la Asamblea General de la ONU, con lo que esa potencia mantiene por 64 años su negativa a que se cumpla con la resolución 181/11 de ese organismo que instituye la creación de un Estado árabe y otro judío en esos territorios del antiguo Imperio otomano.

Esa resolución ordenó que el nuevo Estado de Palestina se erigiera sobre un área de once mil 300 kilómetros cuadrados y el de Israel sobre 14 mil 500, mientras Jerusalén quedaría bajo control de la Naciones Unidas, pero como otras muchas disposiciones de la ONU, esa medida no fue acatada por Washington ni el naciente Estado judío.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmub Abad, ha pedido a la Asamblea General que retome la resolución de 1947 y proclame el nacimiento jurídico de esa nación árabe, a lo que se oponen Estados Unidos e Israel, sin que se presente ninguna alternativa viable para que se cumpla con ese mandato de hace 64 años.

Por el contrario, el territorio de Palestina señalado en 11 mil 300 kilómetros cuadrados quedó de inmediato reducido a menos de cinco mil, porque el Estado judío se erigió sobre un área de más de 20 mil kilómetros y la amplió más después de la Guerra de los Seis Días, en 1967.

No se niega el derecho del gobierno y pueblo de Israel a garantizar la seguridad de su territorio y de su estatus jurídico, pero en nada ayuda a los anhelos de paz duradera en el Medio Oriente, si Tel-Aviv persiste en la idea de promover asentamientos en territorios reivindicados por Palestina.

Ni hay dudas de que Washington impondrá su derecho al veto a una posible resolución de la ONU que proclame la independencia y descolonización de Palestina, pero esta vez se envía al mundo el nefasto mensaje de que una potencia imperial impone su poder para impedir un derecho que fue reconocido por Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial.

En vez de imponer la ley del garrote, el presidente Obama ha debido usar todo su poder de disuasión para promover la paz y la coexistencia pacífica entre Israel y Palestina, porque ambos pueblos merecen vivir y desarrollarse sobre los territorios de sus ancestros bajo la sombrilla jurídica de naciones libres e independientes.

Sin poder alcanzar en Nueva York el anhelo de un Estado palestino, el presidente Abad debe retornar a Cisjordania con la satisfacción del deber cumplido y con renovados propósitos de proseguir sus esfuerzos por vías pacíficas para que más temprano que tarde se haga justicia y se cumpla la resolución 181/11, que proclama la Independencia y descolonización de Palestina.