La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a miembros de inteligencia del Estado que borraron antecedentes penales para conseguirles el visado americano a miembros de la organización criminal desmantelada ayer por el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y los cuerpos castrenses, mediante la Operación Halcón IV.

Estructura criminal

Según el órgano acusador, la estructura criminal habría pagado altas sumas de dinero para el borrado de antecedentes penales, por lo que se investiga la eliminación de múltiples antecedentes penales, a quienes el Ministerio Público señala como miembros de las organizaciones criminales, que lograron que se les borraran múltiples antecedentes penales, a pesar de tener deportaciones y condenas definitivas por hechos graves.

La eliminación del historial criminal llevó a que pudieran obtener visado americano, residencia española y otros beneficios migratorios.

La investigación del Ministerio Público que implica a miembros de distintos organismos de investigación del Estado en estas redes criminales confirma los rumores que se hicieron públicos cuando se informó sobre la amenaza a la procuradora Miriam Germán Brito, de que se había desvinculado a un miembro de esa institución que diligenciaba los negocios del presunto narcotraficante Joel Ambioris Pimentel García (La J), en las cárceles.

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Según las autoridades, Ambioris Pimentel habría amenazado a la magistrada Germán Brito y le advirtió que si “tocaba su gente” en las cárceles “se iba a resolver con sangre” y no con la de ella.

“Fue alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp, diciéndome que, si le tocaban a su gente, no sé quiénes son sus gentes en las cárceles, eso se iba a resolver con sangre y que no era la mía, el que escribía, lo dijo, asimismo: “Yo le puedo mandar a matar a su hijo”, dijo Miriam Germán cuando dio detalles sobre la amenaza.

El Ministerio Público y los organismos de investigación han ocupado evidencias de que las organizaciones cometen crímenes e incluso amenazas a altos funcionarios del Estado, usurpando la identidad de líderes de organizaciones adversas, con la intención de crear pistas falsas.

La investigación ha encontrado evidencias de que varios miembros de las distintas organizaciones criminales se van a España, luego de cometer delitos de sangre o de narcotráfico.

El MP hizo un llamado a las decenas de familias con parientes asesinados por las organizaciones enfrentadas con la operación, a que se acerquen a la PGR sin ningún temor de hablar, ya que el órgano acusador ha establecido un programa especial de protección para víctimas y testigos.

Allanamientos

Los allanamientos iniciaron a las 3:30 de la mañana, e incluyeron requisas en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en Rafey Hombres, Vista del Valle, La Isleta Moca, El Pinito, cárcel de La Vega, en los que miembros de las diferentes estructuras criminales guardan prisión. En los allanamientos, se ocuparon armas, dinero, drogas, “entre otras evidencias de delitos en una operación que sigue en proceso”.

La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, estuvo al frente de los allanamientos que se ejecutaron en la madrugada de ayer en Santiago, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Duarte y La Vega.