El fiscal del Distrito Nacional afirmó que más de cincuenta oficiales militares y policiales han sido sometidos a la justicia en los últimos tres años por la comisión de distintos delitos, en tanto que un reportaje del periódico Herald, de Miami del 23 de abril, revela que durante ese período más de cinco mil soldados y policías han sido separados de sus instituciones por mala conducta.

Aunque se reciba como irrebatible la cifra ofrecida por el magistrado Alejandro Moscoso Segarra y se coloque sello de exageración a la vertida por el diario de la Florida, ambas estadísticas coinciden en que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional padecen un tipo grave de infección en sus recursos humanos.

No canta el gallo tres veces sin que algún miembro de los institutos castrenses o de la Policía incurra en un tipo de infracción delictuosa o criminal, lo que hace pensar que los departamentos de investigación interna no ejercen el rol de control para los que fueron diseñados.

Es de justicia decir que el alto mando militar y la Plana Mayor de la Policía no han parado mientes en identificar y someter a la justicia a los uniformados acusados de violar la ley penal, pero es evidente que se requiere poner mayor énfasis en la tarea de blindar a las Fuerzas Armadas y a la institución del orden del ingreso o permanencia de individuos que manchan el uniforme y la dignidad militar y policial.

Son muchos los casos de guardias y policías apresados por sicariato, tráfico de drogas, secuestros, atracos, contrabando y otros crímenes violentos y no pocos infractores son reincidentes, sin que se determine cómo lograron retornar a las filas castrenses o policiales, después de haber sido sometidos a la justicia.

El escándalo más reciente es el del cabo Wáskar Antonio Cavallo Montero, acusado de asesinar al teniente coronel César Augusto Ubrí Boció, según las autoridades para robarle la yipeta que vendería por 90 mil pesos para ser desguazada y vendida por piezas.

Ese agente fue separado de la Policía por la supuesta comisión de atraco y homicidio, pero logró su reincorporación. Se menciona también el caso de un oficial militar de puesto en San Juan de la Maguana que pidió permiso a sus superiores para viajar a Elías Piña, al sepelio del oficial asesinado, pero retornó con 186 libras de marihuana, en una yipeta de lujo propiedad de un sargento.

Como lo que está a la vista no requiere de espejuelos, lo menos que se reclama es que las Fuerzas Armadas y la Policía se decidan de una vez y para siempre a expulsar de su seno a todo oficial superior, subalterno, clase, alistado o conscripto que no merezca llevar el dignamente uniforme militar o policial.