Con anunciarse el inicio de la temporada de huracanes es suficiente para que la gente se meta en miedo porque conoce sus efectos devastadores. Pero los fenómenos no son totalmente negativos, pues entre sus elementos positivos están las lluvias que provocan y el incremento del caudal de ríos y arroyos, que arrastran residuos y llevan nutrientes al mar.

Tal vez no había necesidad de recurrir a los extremos para identificar más allá del conflicto de poder entre sus miembros el problema de fondo de la Cámara de Cuentas, que, como advirtió la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética Gubernamental, es necesario afrontar a través de una reforma estructural. Todavía se supere la discordia que ha paralizado la labor del órgano fiscalizador de los recursos públicos la crisis podría desatarse en cualquier otro momento, con todas sus consecuencias negativas para el proceso de transparencia y la institucionalidad que se demanda para combatir la corrupción y la impunidad.

La comisión de la Cámara de Diputados para investigar el maremágnum no puede perderse en detalles ni quedarse en la superficie. En primer lugar el presidente y los demás miembros no pueden ser juzgados con la misma vara, sino que cada quien tiene que responder por sus actos. Esto en vista de que sectores evidentemente interesados plantean como una salida la destitución de todos a través de un juicio político, lo que implicaría recesar la labor del organismo, sobre todo en lo que respecta a las auditorías. En segundo lugar los comisionados tienen que desatar las ataduras que hasta cierto punto impiden a la entidad cumplir sus obligaciones constitucionales.

La Cámara de Cuentas tiene que modernizar sus estructuras para efectuar con más rapidez, eficiencia y credibilidad la misión que le asigna la Constitución. Lo bueno de lo malo es que en la inquietante confrontación, en que se han citado los intereses más diversos, se ha evidenciado un órgano anquilosado y secuestrado por una estructura burocrática. Sin aventurar juicios es importante que en su momento el Senado se aboque al más amplio debate para que el órgano de control desempeñe su verdadero rol público.

Al margen de los factores que lo han generado, el conflicto de poder en la Cámara de Cuentas ha servido para mostrar que la entidad opera con una obsoleta estructura administrativa, que es necesaria adecuarla a los nuevos tiempos. Vale advertir que los puntos de vistas encontrados, técnicos o personales, no pueden erigirse eun obstáculos para detener, como ha ocurrido con el actual escarceo, las auditorías ni otros procesos. La institucionalidad tendrá que estar siempre por encima de lealtades y de criterios particulares.