En menos de diez años se han creado 17 municipios y más de 130 distritos municipales, en una irracional fragmentación política del territorio que conlleva compromisos burocráticos por centenares de millones de pesos, sin que las poblaciones resulten beneficiadas de tan acentuada división geográfica.

Apenas el jueves, la Cámara de Diputados aprobó en sesión extraordinaria elevar a distritos municipales las secciones Barranca, de La Vega; Abreu, de María Trinidad Sánchez y La Cabuya, de Santiago, donde también el distrito municipal La Canela fue elevado a municipio.

En ese hemiciclo reposan otros 43 proyectos que procuran ascender de categoría a parajes, secciones y distritos municipales, con la única finalidad de que se creen en esos lugares estructuras burocráticas como juntas municipales, ayuntamientos, distritos escolares, oficinas de Registro Civil, que a su vez son receptáculos de empleos y canonjías políticas.

Tanta ha sido la irracionalidad de legisladores y políticos en la creación de elevar de categoría a comarcas, que una callejuela o cañada divide a recién estrenados municipios de otros o secciones convertidas en distritos municipales apenas poseen una vía sin más edificaciones que la de una parroquia.

En 2001 el mapa político, de 42 mil 442 kilómetros cuadrados, estaba dividido en 29 provincias, 138 municipios y unos cien distritos municipales, además de la capital de la República, pero hoy en día existen 31 provincias, un Distrito Nacional, 155 municipios y 229 distritos municipales, lo que implica un inusitado incremento de la burocracia pública y del clientelismo político.

Esa macrocefalia territorial es atribuida a una crónica falta de atención del Estado hacia comunidades, lo que obliga a congresistas y líderes de esas demarcaciones a gestionar su elevación política para que se instalen cabildos o juntas municipales y se aplique la auto gestión.

Poder Ejecutivo y Congreso están compelidos a frenar ese camino de irracionalidad, que llevaría a elevar a distrito municipal, municipio o provincia a cualquier barrio o vecindario rural. Lo aconsejable sería que los poderes públicos cumplan cabalmente su papel de proveer a esas comunidades de los servicios básicos y de garantizar una óptima redistribución de la riqueza nacional.

Los 43 proyectos sobre división territorial que procuran acentuar la división geográfica territorial ofrecen una impresión de locura legislativa y desorden político en lo que debería ser el diseño y aplicación de una armónica política de ordenamiento territorial.