Los altares



El creciente frenesí que caracteriza a actores o intervinientes en el debate político ha motivado que la mayoría de las municiones disparadas por los distintos bandos se dirija contra los altares sin reparar en que al final no quedarán santos ni beatos.

La democracia se sostiene y se consolida en sus instituciones jurídicas y políticas, incluido poderes del Estado, las altas cortes y órganos reguladores o supervisores, cuyos titulares pernoctan en esos tabernáculos de institucionalidad y gobernanza.

No se niega derecho a partidos, instituciones públicas o de la sociedad civil a denunciar que uno o más apóstoles se han descarriado de los caminos de transparencia, equidad y justicia, pero debería evitarse derribar altares porque sobrevendría el infierno.

Hasta donde se tiene conocimiento en esos altares cohabitan el Poder Legislativo, Congreso, Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas, instituciones que hoy son objeto de fuego cruzado.

Se disparan ráfagas de descrédito contra casi todos los integrantes de las altas cortes, sin aportar las pruebas o evidencias sobre los pecados cometidos ni tomar en cuenta que las sentencias se recurren por vía de los recursos que la Carta Magna pone a su disposición.

El caso más reciente corresponde a la JCE a cuyos magistrados se les reclama renunciar por emitir una resolución sobre el voto de arrastre que rechazan mansos y cimarrones, pero ninguno de los que hoy apedrean el parnaso tomaron en cuenta que la Ley de Partidos es poco más que un arroz con mango.

Las instituciones democráticas requieren de uso constante, sin que nadie se arrogue calidad o derecho para embadurnar de deshonra la buena fama de los magistrados, a menos que posean las pruebas para demostrar en los tribunales si algunos de esos jueces incurrieron en prevaricación.

Sin negar ni por un momento el derecho de partidos y ciudadanos a la denuncia responsable o recurrir por el debido proceso cualquier sentencia o resolución considerada cuestionable o injusta, se advierte sobre la peligrosa tendencia de pretender derribar los altares, pues la democracia también se vendría abajo.