El ministro de Interior y Policía, Jesús -Chu- Vásquez, condicionó el levantamiento de la prohibición a la venta y consumo de bebidas alcohólicas después de la medianoche a que los comerciantes de las zonas afectadas asuman el compromiso de cumplir diez requerimientos que no fueron revelados.
Tal parece que las medidas reclamadas por el funcionario están relacionadas con mejorar el entorno de seguridad de esos establecimientos y de los sectores donde operan, pero lo que no se entiende es por qué se condiciona el ejercicio de un derecho, como lo es el de comercio libre, al cumplimiento de un pliego de obligaciones.
Normativas municipales, de salubridad o de orden público son de obligatorio cumplimiento a pena de sanciones pecuniarias o procesamiento judicial, por lo que no hace sentido que el ministro Vásquez condicione revocar la prohibición de expendio o consumo de bebidas alcohólicas a que los afectados acepten un pliego de condiciones.
Otra cosa sería que autoridades y comerciantes acuerden voluntariamente y de buena fe ejecutar un conjunto de iniciativas con el propósito de prever o reducir la delincuencia y la criminalidad, dentro de los locales comerciales o de entretenimiento, como en el entorno donde operan.
Ninguna autoridad puede excederse en sus atribuciones, como sin dudas aparenta la condicionalidad propuesta por el ministro de Interior como condición para revocar una penalidad impuesta específicamente a municipios de la provincia Santo Domingo.
El ministro Vásquez no parece entender que el confinamiento de una o varias comunidades, impedidas de asistir a bares o centros de diversión después la medianoche, no debería ser remedio para reducir la delincuencia, porque si así fuera, esa pócima debería aplicarse en decenas de municipios, en diferentes horarios.
Se define como positivo el encuentro ayer entre autoridades de Interior y Policía con representantes de la Federación de Comerciantes y propietarios de bares, colmados y discotecas, afectados por la ley seca, pero se incurre en un desliz al pretender condicionar la revocación de una medida injusta al cumplimiento de un pliego de requerimientos que exige Interior y Policía.
La prohibición de vender o consumir bebidas alcohólicas después de la medianoche debe ser revocada pura y simplemente por su inefectividad y porque viola derechos. Todo lo demás debería sujetarse al cumplimiento de la ley y a la cooperación ciudadana para prevenir delincuencia y criminalidad.
